La ley de Salud, Meirás y la AP-9 se abren paso en el estreno de otro curso político

Puy se abre a recuperar el Pazo de los Franco al patrimonio público y el PSdeG propone crear una comisión. La mayoría absoluta popular garantiza la aprobación del nuevo mapa sanitario y la ley de implantación empresarial

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ayer en la diputación permanente MUÑIZ
Mario Nespereira

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En los prolegómenos de un nuevo curso político, los partidos ya conocen los temas que aspiran a monopolizar la agenda parlamentaria. Algunos son nuevos; otros simplemente nunca ha dejado de estar presentes en el debate. La reunión de la diputación permanente del Legislativo autonómico celebrada ayer sirvió como ensayo general de un periodo que, de nuevo, volverá a pautarse al ritmo que marque la mayoría del PP. El rechazo a la celebración de un pleno extraordinario sobre el traspaso de la AP-9, la gestión de la visitas del Pazo de Meirás y la polémica sobre la futura ley de Salud fue la demostración de que los populares siguen teniendo la llave del candado que abre y cierra todos los asuntos en O Hórreo.

AP-9, cesión imposible

Xoaquín Fernández Leiceaga fue el que mejor sintetizó el estado en el que se encuentra el traspaso de la vía: «La vida sigue igual». Fomento se niega si quiera a plantearse la cesión al Gobierno gallego, pero a cambio ha accedido a pagar siete millones de euros anuales hasta 2048 por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala: uno de los triunfos de la comisión bilateral ensamblada entre el Ministerio y la Xunta.

A pesar de la negativa, varias veces reiterada de De la Serna, la discusión sobre la transferencia no se va a disolver. El grupo parlamentario popular insistió, a través de su portavoz Pedro Puy, que mantendrán intacto «el compromiso» de solicitarla ante la ventanilla del Estado. El mantenimiento de la unanimidad reviste no obstante muchas más dudas. En Marea trajo a colación la pérdida de la titularidad pública de una autopista «estratégica» en la Comunidad: «Se privatizó a precio de amigo y las consecuencias las pagamos todos», expresó el viceportavoz Antón Sánchez.

Desde las filas del BNG, Ana Pontón calificó directamente a Feijóo de clavar «una puñalada» a los intereses de Galicia, al no forzar el cumplimiento de los acuerdos sellados en los salones del Parlamento.

El futuro ¿público? de Meirás

Promovida por el nacionalismo e incendiada por los comunicados de la Fundación Francisco Franco, fue una de las polémicas que nutrió la confrontación partidista en verano. Tanto la Xunta como el PP trasladaron su voluntad de velar por el respeto de la Fundación hacia la legalidad, y por ende, que evite actos o expresiones de apología de la dictadura. De lo contrario, la administración lo denunciará ante la Fiscalía.

Puy, además, aprovechó la sesión de la diputación permanente para ir un paso allá: el Pazo, dijo, debe regresar al patrimonio de todos. «Sería lógico devolverlo a lo público, evidentemente hay que hacerlo legalmente, pero ya hay un primer sistema legal, que es que la familia se dé cuenta de que debe devolver esa propiedad a quien se la dio al antiguo jefe del Estado», explicó. Durante su intervención, el responsable de la mayoría en la Cámara tiró del relato histórico para desacreditar a quienes acusan al PP de arrastrar dejes franquistas en su seno y mostró interés por una de los propuestas de los socialistas.

La enunció Leiceaga. El PSdeG quiere impulsar una comisión en la que estén representadas todas las administraciones involucradas directa o indirectamente con el Pazo. A saber: la Xunta, la Diputación y el concello de La Coruña y el ayuntamiento de Sada; aunque también está abierta a la participación del Gobierno central. «Hay que coger el toro por los cuernos», arengó el portavoz socialista y candidato a las primarias.

En Marea apuesta por la expropiación del inmueble si lo permite la ley. «Y si no, habrá que cambiarla», enfatizó Sánchez. El Bloque, por su parte, denunciará la situación del Pazo ante Bruselas y la ONU y reclamará que la familia Franco y la Fundación sean considerados como «non gratos».

Nuevo mapa para el Sergas

Sanidade busca reorganizar el mapa de la atención sanitaria en Galicia con la reforma de la Ley de Salud, en estos momentos en fase de anteproyecto. Se antoja como uno de los prebostes de la actividad legislativa de la Xunta a corto y medio plazo, pero la oposición lo interpreta como un intento de acometer nuevos recortes en el Sergas con la desaparición de cuatro de las actuales áreas sanitarias por una nueva demarcación:los distritos.

Las críticas de En Marea, PSdeG y el BNG se centran fundamentalmente en los plazos de su tramitación. «Es una ley hecha con nocturnidad y alevosía», lamentó Ana Pontón, puesto que la Consellería lanzó el texto en el mes de agosto y después estiró el plazo para presentar alegaciones en el Portal de Transparencia. A fecha de ayer eran 1.541, cantidad que para el Partido Socialista evidencia la polémica social generada por la reforma, aunque los populares intuyen que detrás de muchas está la mano de las organizaciones sindicales.

El PP sostiene que el nuevo modelo consolida el esquema de asistencia Eoxi (de proximidad), gracias al cual se evitaron 200.000 desplazamientos sanitarios a los hospitales de referencia del sistema. La mayoría absoluta garantiza su tramitación sin mayores turbulencias parlamentarias.

Otros proyectos

La diputación permanente no las abordó pero la Xunta guarda en el cajón otros proyectos para introducir en los plenos a lo largo del próximo curso. Uno de ellos es la Ley de implantación empresarial, anunciada por el conselleiro de Economía, Francisco Conde, y llamada a prevenir la fuga de empresas a Portugal eliminando un abanico de trabas burocráticas.

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