La justicia rechaza marginar a la CIAF de la investigación del Alvia

El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se mantendrá dentro de la instrucción del caso Alvia. Un auto de la Audiencia Provincial de La Coruña, fechado el pasado 31 de marzo, ratifica la incorporación del documento a la causa, después de que tanto la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) como las plataformas de víctimas arrojaran sospechas sobre la independencia de sus conclusiones. Principalmente, por tratarse de un órgano que dependía entonces del Ministerio de Fomento. En su respuesta conjunta a varios recursos planteados por la defensa del maquinista y las asociaciones de afectados, la Audiencia recoge buena parte de las críticas vertidas contra la Comisión, pero no desecha su validez como «elemento de interés» para la «investigación penal», al igual que otras aportaciones documentales al proceso.

En su argumentación —a la que ha tenido acceso Europa Press— el juez reconoce que los trabajos de la CIAF, «dado el origen de sus componentes», no pueden ser considerados «como una evaluación de agentes independientes», aunque a continuación matiza que no por ello «ha de ser eliminado como se pretende».

La vinculación de la CIAF con la administración ya llevó a la Unión Europea a abrir un expediente al Ministerio de Fomento por incumplir la normativa que reglaba la composición del órgano. Tras el toque de atención de Bruselas, el Gobierno reaccionó adaptando la Comisión a la regulación y separándola formalmente del departamento que hoy dirige Íñigo de la Serna.

Desde que en julio de 2016 la CIAF achacara al exceso de velocidad y a un despiste del maquinista la pérdida de 80 vidas humanas en el siniestro, ha habido varios intentos —infructuosos todos ellos— por reanudar las pesquisas. La elección hace tres semanas de Fernando Montes Ponce de León como su nuevo presidente tampoco ha supuesto ningún cambio al respecto.

Los peritos

Además de ratificar el citado informe dentro de la instrucción, la Audiencia se ha pronunciado sobre la necesidad de recurrir a peritos europeos para asegurar la independencia en las evaluaciones de riesgos. Según la justicia, «no hay motivo» para apartar a los técnicos seleccionados por la instrucción y «buscar peritos en organismos no sometidos a la jurisdicción española».