Investigados los dos cargos acusados por coacción inmobiliaria en Orense

La querella del fiscal de Orense, que el pasado septiembre acusó a dos cargos de Facenda de coaccionar a los inquilinos del edificio que ocupaba la antigua Cámara de la Propiedad para que abandonasen el inmueble, obtuvo respuesta por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad. Los dos señalados — una secretaria general técnica y un subdirector de Patrimonio — deberán prestar declaración el próximo 19 de noviembre en calidad de investigados. Como testigos en la causa han sido llamados a declarar los dos ancianos implicados, con los que Facenda inició hace meses conversaciones para que abandonaran sus viviendas sin éxito.

La polémica que se acabará dirimiendo en los juzgados se remonta a los contactos que los investigados mantuvieron con las dos presuntas víctimas de las coacciones inmobiliarias. Según explicaron desde el Gobierno gallego cuando el conflicto saltó a los medios, los ancianos estaban pagando alquileres de entre 25 y 74 euros al mes, unos precios muy por debajo de los costes de mantenimiento del inmueble . El edificio que ocupan es propiedad de la Xunta y ahora pretende recuperarlo para montar en él oficinas y «ahorrar» así gasto en alquileres a la administración en la provincia de Orense. Pero las salidas que ofrecieron a los dos inquilinos que permanecen en él —una de ellos lleva allí desde 1963— no fueron bien recibidas. Las personas afectadas «fueron contactadas personalmente» y se les ofreció un «alquiler equivalente» o la indemnización correspondiente , indicó en su momento el titular de Facenda, Valeriano Martínez, matizando las acusaciones contra dos personas cuyo trabajo defendió sin ambages.

El intento no fructificó y los inquilinos insistieron en mantener sus casas. Según la denuncia del fiscal de Orense, éste fue el origen de unas supuestas coacciones que, apunta, se materializaron en decisiones como el no reparar los ascensores que se habían estropeado o en no sustituir el alumbrado . En base al escrito del Ministerio Fiscal, la decisión de ambos querellados de «dejar expedito el inmueble» tenía que ver «con algo que ellos personalmente entendían intolerable: que la renta mensual de la mujer inquilina era de 25,26 euros y la del hombre, de 74,97 euros», así como que los gastos de mantenimiento del edificio «eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas».

Una de las presuntas afectadas, que lleva meses viviendo en un hotel, hizo público su caso para resaltar que se fue de su casa cuando se rompió la cadera y comprobó que no podía acceder al cuarto piso en el que vivía porque el ascensor no funcionaba . La mujer deberá comparecer ante el juez el 28 de noviembre —el fiscal jefe solicitó que se le tomara declaración «a la mayor urgencia posible» dada su situación de «muy avanzada edad y enfermedad»—. El otro inquilino declarará el 4 de diciembre.

Ante el conflicto, desde el Gobierno gallego mantienen que «la única intencionalidad» en la actuación de los responsables era «recuperar un inmueble para el patrimonio de la comunidad». Sobre el tema, el presidente de la Xunta llegó a indicar que «conozco a los funcionarios, trabajé en Patrimonio de la comunidad y sé perfectamente que los funcionarios de la hoy Secretaría Xeral Técnica tienen absoluto rigor en sus decisiones y son honorables. Por supuesto que los voy a defender, porque no me parece aceptable que se diga que quieren cometer delitos», avaló.