La gratuidad de la autopista AP-9, una promesa de 3.000 millones

La autopista AP-9 se ha convertido en uno de los principales temas gallegos de campaña para los diferentes partidos. En programas electorales de formaciones de distinto signo ideológico se encuentra la idea recurrente de «rescatar» la infraestructura. Ayer mismo, la cabeza de lista por Pontevedra de En Marea, Alexandra Fernández, anunció que reclamarían en la próxima legislatura la transferencia de una autopista que consideran «absolutamente amortizada». «Ya es hora de gestionarla desde aquí, porque es una de las cuestiones principales que afectan a la mayoría de los gallegos», subrayó. En el mismo sentido, estima que la infraestructura generó a la concesionaria unos ingresos por un total de 2.400 millones de euros durante los años de explotación.

En el mismo tono se expresó solo un día antes el número uno de Ciudadanos por la provincia de La Coruña, José Canedo, al reclamar la «gratuidad inmediata» de la autopista.

Durante un reparto de propaganda, el aspirante al repetir el único escaño conseguido por el partido de Albert Rivera en Galicia pidió que «se deje de esquilmar a los gallegos».

Antigua petición

Reivindicaciones similares han surgido durante años por parte de BNG y PSdeG, aunque también en esta campaña la ministra de Fomento en funciones y cabeza de lista por Pontevedra, Ana Pastor, se está afanando en explicar la imposibilidad de acometer esta medida. La titular de la cartera de infraestructuras ha subrayado en varias ocasiones que la empresa concesionaria de la autopista tiene un contrato en vigor hasta el año 2047, cuya rescisión tendría para las arcas de la administración que lo afrontase un coste de 3.000 millones de euros, algo más de un tercio del total del presupuesto anual de la Xunta de Galicia. «Es por esto que para hablar de ciertos temas conviene tener un poco de experiencia, aunque no sea mucho, pero un poco sí», ironiza Pastor.

Una problemática diferente es el de la transferencia hacia la administración autonómica de la infraestructura, lo cual es una vieja petición de todos los partidos. También el PPdeG se mostró a favor de la misma, lo que permitiría que fuese la Xunta la que negociase con la empresa las tarifas, aunque siempre se encontró con la negativa de los sucesivos Gobiernos centrales. La ministra en funciones argumenta esta postura en «informes jurídicos desfavorables», al tratarse de una autopista «que presta servicio a toda España», pero advierte que «no tendríamos ningún problema en transferirla en caso de que redundase en un mejor servicio».