Feijóo, sobre la segregación de Ferroatlántica: «La Xunta no va a trabajar bajo presión de nadie»

El Gobierno gallego no se aparta «ni un ápice» de su postura sobre la segregación de Ferroatlántica. Prudencia y legalidad. La entrada de la solicitud para segregar las actividades de la empresa en la Costa da Morte ha activado todos los protocolos habituales en una administración. Los servicios jurídicos de la Xunta «y los cargos directivos competentes» están estudiando al detalle la documentación presentada por la firma. La tarea, no obstante, no está a salvo de la presión ambiental a la que está siendo sometida por los partidos de la oposición, los sindicatos y la propia empresa. «La Xunta no va a trabajar bajo la presión de nadie», advirtió Alberto Núñez Feijóo, rompiendo una lanza por la independencia de los funcionarios públicos.

El titular del Ejecutivo autonómico se manifestó así después de que un dictamen firmado por dos catedráticos de la USC mostrara a la opinión pública que la segregación —el primer paso para la venta de las centrales— no es solo viable. Es también el único camino jurídico que la Xunta puede transitar, toda vez que Ferroatlántica ya ha entregado toda la documentación para pedir la separación de sus ramas energética e industrial.

Según afirmó en una entrevista a ABC el profesor Míguez Macho —coautor del informe—, la administración tiene tres meses para tomar una decisión. Sin embargo, fuentes de la Xunta ponen en dudan la validez de ese plazo. Antes, «en las próximas semanas», Feijóo tendrá a su disposición los informes encargados a los asesores jurídicos del Gobierno. La información que de ellos se desprenda «será vinculante» para determinar una postura final. Y dado que éste es un debate eminentemente jurídico, el presidente de la Xunta tomará buena nota de lo que vayan a aconsejarle los empleados públicos, a los que envió un mensaje directo: «Les pido que actúen sin dejarse presionar por nadie», volvió a insistir. «Ni por los partidos, ni por las organizaciones sindicales, ni por los intereses empresariales. Que actúen conforme a la ley».

Aislamiento, por tanto, para adoptar una decisión que salvaguarde el bienestar de una comarca maltrecha. El popular conoce e identifica los riesgos que conlleva el caso de Ferroatlántica en la Costa da Morte. «Nos jugamos mucho en Cee, en Dumbría, en Sabón», reconoció. No solo los puestos de trabajo y la actividad económica. A cargo de la operación de venta de las hidroeléctricas, parte de la oposición ha desplegado todo tipo de sospechas sobre la relación entre el PPdeG y Villar Mir, propietario de los saltos. La investigación de la operación Lezo y la causa abierta al empresario madrileño sirvieron de pretexto para denunciar que Feijóo sirve a Ferroglobe «un pelotazo» en la Costa da Morte.

Por eso el énfasis con que el presidente de la Xunta rubrica el compromiso con la regulación. «Estamos en un Estado de Derecho y tenemos que hacer ver que el Gobierno de Galicia es el primero que se somete a él», señaló.

Transparencia

La primera reacción del Ejecutivo, nada más conocerse que Ferroatlántica había presentado la solicitud de segregación, fue comunicar el trámite a los alcaldes de la zona y a los representantes de los trabajadores. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, trasladó al comité de empresa de Cee-Dumbría que la prudencia guiará todas las actuaciones de la Xunta. Hoy será el turno de Feijóo, en otro encuentro marcado con los regidores.

Con ellos mantendrá «una conversación para ver cómo ven esta situación e informarles del plan industrial que presenta la compañía, en caso de que se le deje segregar». El programa de inversiones es, para los catedráticos de la Universidad de Santiago, la clave de bóveda del proceso. Gracias a que Ferroatlántica anunció su compromiso de invertir más de cien millones de euros en Galicia, sostienen, la administración puede aducir que el interés general en la zona se mantiene a salvo.

Esa es una de las hipótesis. Pero sea cual sea la definitiva, Feijóo prometió «transparencia». «Siempre le vamos a contar la verdad a los gallegos», destacó. «Dijimos que no teníamos ningún expediente presentado y, al final, acreditábamos que estábamos diciendo la verdad». Ahora sí hay expediente. Y una decisión por tomar.