Míguez Macho: «La situación de Ferroatlántica en la Costa da Morte es un anacronismo»

El laberinto de Ferroatlántica en la Costa da Morte se despeja a medida que se van dando pasos, quemando etapas. Primero, la empresa solicitó a la Xunta la segregación de sus dos actividades para poder vender el soporte de una: las centrales hidroeléctricas. Después, un informe de la USC, elaborado por los catedráticos Míguez Macho y Fernández Valmayor, arrojó luz jurídica sobre la operación. El primero recibe a ABC en su despacho de la facultad de Derecho.

—¿Tiene Ferroatlántica salidas jurídicas para poder deshacerse sus centrales?

—El primer problema es que cuando adquirió el negocio de ferroaleaciones y de energía eléctrica a la Sociedad Española de Carburos Metálicos, la Xunta le impuso como condición que no se pudiesen separar las dos ramas de actividad.

Esa es la cuestión: si es jurídicamente viable desprenderse de esas cláusulas.

—¿Y lo es?

—La conclusión es que sí. La imposición se basaba en unas circunstancias de aquel momento. La producción de ferroaleaciones, entonces, era de dudosa viabilidad, mientras que la producción de energía era económicamente muy rentable. La actividad hidroeléctrica ya no es tan rentable, por perder las primas de las renovables. Hay otro factor, además, que hay que tener en cuenta. Desde el año 2007 las centrales ya no suministran energía, digamos, de forma funcional. Es más, con la regulación de hoy día no es posible que las centrales suministren energía a las factorías.

—¿La situación jurídica y administrativa de Ferroatlántica en la Costa da Morte es una anomalía?

—Sí, es una anomalía, un anacronismo. Hay que partir de otra cuestión: Ferroatlántica realiza una actividad protegida por la libertad de organización empresarial reconocida por la Constitución. Que a un empresario le impongan una prohibición como ésta es algo digamos, entre comillas, algo anómalo. Tiene que tener una justificación y un anclaje legal muy firme. Ese anclaje a día de hoy, digamos que ya no existe. Tiene que ser revisado.

—Una vez que Ferroatlántica ha presentado solicitud, ¿hay un plazo para que la Xunta dé respuesta?

—Hay uno fijado que es de tres meses, de forma general.

—Este plan industrial de inversiones, ¿puede suplir el interés general que en su día se citó para mantener la vinculación?

—La justificación que da la empresa es que quiere centrarse en la rama de actividad que hoy en día tiene mejores resultados. Esa justificación se refuerza si presenta además un plan industrial donde justifica que va a realizar unas inversiones para mejorar todavía más la productividad. Puede ayudar a decir que el interés público esté suficientemente cubierto aunque no se mantenga la vinculación.

—Pero, ¿puede llenar de contenido ese interés general?

—Entiendo que sí, porque tampoco la vinculación garantiza de manera absoluta que se vayan a mantener las dos actividades. Lo que garantiza es que no se puede separar, pero eso no es ninguna garantía al 100%. Si entras en una situación económica inviable podría llevar al final a situaciones de reestructuración del empleo aunque estuviesen vinculadas las dos actividades.

—¿Y existe algún instrumento que puede dar garantías jurídicas para evitar despidos?

—Ahí nos movemos en el mundo de los compromisos. Pero, ¿hasta qué punto ata eso a una empresa? Depende de la situación económica, tampoco quiero engañar a nadie. Ese tipo de compromisos tienen valor relativo, pero la cláusula que garantiza ahora la no segregación tampoco garantiza el empleo.

—¿Estaría cometiendo un error la Xunta si se niega a autorizar la segregación?

—Primero, no podría negarse de manera injustificada. A mí me resulta muy difícil concebir sobre qué base podría negarse. Habría que ver qué argumentación dan y, a partir de ahí, la empresa estudiará las opciones que considere. Lo más probable es que recurra la decisión y al final serán los tribunales los que decidan.

—Ferroatlántica exigía al Gobierno gallego que se pronunciara cuando todavía no se había producido la segregación, ¿eso podría ser arbitrario?

—Estoy seguro de que la Xunta va a ser muy prudente porque sabe que, en el fondo, esta es una cuestión jurídica. Sin el respaldo de sus servicios, yo estoy seguro de que no va a adoptar de manera precipitada ninguna decisión. La Xunta se tentará mucho la ropa antes de tener esa base. El tema es jurídico, no es político.

—Hay dos sentencias, una del TS y otra del TSXG, que se han utilizado para acreditar la vigencia de las concesiones.

—La empresa, en su día, recurrió la prohibición de segregación, pero ese recurso fue inadmitido por un motivo técnico, de manera que el tribunal nunca llego a estudiar el fondo de la cuestión: si la cláusula era legal o no. Esas sentencias no demuestran nada jurídicamente.

—¿Qué puede pasar a partir de ahora?

—Se tome la decisión que se tome, se va a ir a los tribunales. Seguro. En el caso de que se acepte la segregación, si hay recurso, se podría pedir a la justicia la suspensión cautelar. En ese caso, la pelota iría a los tribunales. Son decisiones cautelares que se toman rápido, en unos meses. El pleito principal puede durar un año o dos. En caso contrario, recurriría la empresa, pero hasta que el tribunal no decida quedaría todo parado. Ése sería el panorama.