Conde pide prudencia a los sindicatos antes de decidir sobre la segregación

El futuro de Ferroatlántica en la Costa da Morte solo tiene cabida dentro de la legalidad. La Xunta, como administración, no maneja otras alternativas que no pasen por el respeto a la actual regulación y al mantenimiento de la actividad económica en la zona. Es una parte del mensaje que el Gobierno gallego lleva transmitiendo durante meses y que, de nuevo, ha intensificado su eco después de que la compañía solicitara la separación de sus dos principales ramas de actividad: la producción de energía y la fabricación de ferroaleaciones. El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, mantuvo ayer un encuentro con representantes del comité de empresa para trasladarles estas y otras ideas. Una de ellas es la cautela con la que la administración autonómica debe examinar la petición del grupo Ferroglobe.Lo mejor, razonó, es «no precipitarse». No tomar decisiones al calor del debate político —espoleado por la oposición—, sino después de haber escudriñado todas las salidas jurídicas de la operación.

Conde cumplió con la celebración del encuentro en Santiago con una promesa: la de mantener informados a los sindicatos y a los agentes sociales del territorio sobre cualquier novedad en el proceso, prolongado durante meses en un serial de anuncios, protestas y compromisos. El responsable de la política industrial del Ejecutivo gallego reclamó al órgano de representación de la plantilla que la mejor reacción que puede ofrecer una administración es la serenidad. Lo contrario «nunca lleva a buen puerto», manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Es por eso que el conselleiro ralentizará los plazos de tiempo antes de dar explicaciones en el Parlamento autonómico. Ante la presión de PSdeG, En Marea y BNG para que acuda a la tribuna de O Hórreo; el grupo parlamentario popular reclama sosiego. «El PP no se opone (a la comparecencia), dijo que no era el momento», matizó ayer el portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, sobre la petición anunciada por el arco parlamentario separado del Gobierno .

El clima entre los partidos está, sin embargo, lejos de apaciguarse. Ferroatlántica es un tema recurrente en los plenos y lo seguirá siendo en el próximo. Los nacionalistas preguntarán directamente a Feijóo por si cederá a la segregación, mientras que En Marea incluirá la cuestión dentro del contexto de la «Operación Lezo» y el procesamiento judicial a Villar Mir, accionista del grupo Ferroglobe.

Precisamente Conde eludió valorar si la causa abierta al propietario de OHL afectará a la decisión que vaya a tomar la Xunta. «La situación personal de cualquiera —sostuvo—, no afecta a ningún caso a la tramitación de un expediente administrativo» en las oficinas del Gobierno gallego. Más concretamente, en las de Augas de Galicia, donde reposa el volumen de documentación que Ferroatlántica hizo llegar a la administración gallega el pasado jueves.

La cautela en la que se mueve el conselleiro de Industria, inmutable durante los meses en los que la compañía defendió la necesidad de segregarse, despertó los sinsabores del comité. Conde justificó la prudencia en su ánimo de ser «garantista» y en no desvelar «información reservada» que, según sus palabras, «no ha lugar a hacer pública».

«Esquivo»

La respuesta de la plantilla se produjo después de haber visto a un Conde «un poco esquivo» a sus preocupaciones, aunque el lucense aseguró entender la «inquietud» de los trabajadores. Un mensaje que acompañó con otro de «tranquilidad» y «confianza».

En un comunicado, califican la reunión de «preocupante» y «poco satisfactoria». «No entendemos esta actitud esquiva del conselleiro ni la falta de firmeza de la Xunta para manifestar que no autorizará la segregación, cuando las concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos son claros», reza el texto, que se limita a reproducir algunas de las palabras vertidas por el portavoz del comité, Alfonso Mouzo. Para el sindicalista, Conde es «muy reacio» a «ponerse del lado de los trabajadores». Urgencias de los sindicatos. Urgencias de la oposición. La Xunta opta por la cautela.