La segregación de Ferroatlántica, avalada por un dictamen de la USC

Ferroatlántica tiene salidas jurídicas para deshacerse de sus centrales en la Costa da Morte. Un dictamen de la Universidad de Santiago asegura que la Xunta «no podría legítimamente negarse» a segregar las dos actividades que la compañía mantiene en la comarca: la generación de electricidad y la fabricación de ferroaleaciones. Algunas de la conclusiones del documento, firmado por los catedráticos de Derecho Administrativo José Luis Carro Fernández-Valmayor (emérito) y Luis Míguez Macho, se hicieron públicas ayer, justo un día después de que la empresa solicitara a la administración autonómica vía libre para vender los saltos y ejecutar con posterioridad su plan de inversiones industriales.

Según el documento, el Gobierno gallego no podría dar la espalda a la segregación, «pues estaría incurriendo en arbitrariedad». Sobre todo, si la decisión se adopta «sin motivar de manera suficiente las razones de interés público» que amparan que, hoy en día, Ferroatlántica mantenga una vinculación muy específica entre sus ramas industrial y energética.

Se trata de una especie de cordón umbilical creado a la carta a principios de los noventa y que se ha vuelto contra la firma, participada por el grupo Villar Mir.

A lo largo de una reflexión jurídica de 24 folios, los expertos de la USC analizan las circunstancias históricas que rodearon a la implantación de Ferroatlántica en la Costa da Morte y por qué buena parte de ellas ya no tienen cabida ni en la ley ni en el actual contexto del sector. Fue a finales de 1992 cuando la Xunta exigió por primera vez «la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleaciones y la producción de energía eléctrica». A partir de entonces, las empresas cambiaron de nombre y hasta de régimen jurídico, pero esa cláusula se mantuvo inerte. Tanto es así que dos sentencias, una dictada por el Tribunal Supremo y otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fueron acreditando su vigencia.

La razón esgrimida por aquellos años era que solo la rentabilidad que ofrecían las centrales podría mantener a flote las factorías. Esa situación, sin embargo, ha experimentado un giro copernicano, si atendemos a los datos facilitados en el dictamen. El resultado de explotación de las fábricas pasó de los 7,3 millones de euros registrados en 1996 a 27,9 millones en 2015; mientras que las hidroeléctricas han desplomado su balance: de los 28,8 millones cosechados a finales de siglo, a los 6,2 presentados hace dos años.

Es lo que Carro y Míguez describen como «cambio sustancial de las circunstancias fácticas» y afecta a otros puntos capitales para la empresa, como la venta de la energía producida. Por un lado, «en el marco legislativo vigente», ningún poder público puede hacer que la electricidad generada «haya de tener un destino concreto», sea cual sea. Y por otro, ambos catedráticos mantienen que «hace ya años» que los saltos «no suministran de facto electricidad a la fábricas de Cee y Dumbría». La actual regulación del sistema también se lo prohibe.

Las alternativas

Uno de los aspectos nucleares del dictamen aborda qué vías jurídicas puede explorar el Gobierno gallego si finalmente accede a separar la actividad de la compañía. El texto destaca que la Xunta puede «revocar en cualquier momento» la transmisión de las concesiones «mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción». En este caso, no se llegó a concretar ninguno.

La venta de los activos energéticos, además, no significa que la administración esté atada de pies y manos para asegurar la permanencia de las ferroaleaciones. Para los catedráticos de la Universidad compostelana, el gabinete de Feijóo «podría imponer medidas menos restrictivas de la libertad de organización empresarial que la prohibición de segregación de actividades». Como por ejemplo «la presentación (de la mano de Ferroatlántica) de un plan industrial que detallase cómo se pretende asegurar la continuidad de la actividad en el horizonte temporal que se estime oportuno fijar».

En los últimos meses, la empresa comunicó a los trabajadores y a la opinión pública su compromiso de invertir hasta 102 millones de euros en la Comunidad y crear 200 puestos de trabajo directos, entre la Costa da Morte y la sede de Sabón (Arteixo). El plan industrial vendría acompañado del compromiso de garantizar «el actual volumen de empleo» en la zona.