Una familia afea al Concello de Vigo que no se sume al plan de pisos vacíos

El desahucio ya tiene fecha. Juan y Cristina deberán abandonar su casa el próximo 25 de mayo. No obstante, tras el juicio celebrado ayer y en el que las partes no alcanzaron ningún acuerdo, esta familia viguesa se mantiene a la espera de la sentencia que podría concederles un plazo que les permita obtener las ayudas pertinentes y al cabeza de familia encontrar un puesto de trabajo para hacer frente a sus deudas. La pareja debe en la actualidad a la empresa propietaria de la vivienda, sita en Travesía de Vigo, la cantidad total de 2.400 euros por el impago de ocho meses de alquiler.

La situación familiar es grave. Con tres hijos menores, de 15, 12 y 10 años, que se encuentran bajo la tutela de la Xunta por vulnerabilidad y que pasan las jornadas en un centro de día de la administración gallega –pernoctan en el hogar familiar–, esta pareja se encuentra en la actualidad al borde del abismo.

La familia de Vigo, que cobró la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) durante un año y que la perdió por no entregar una serie de papeles a la administración, se mantiene ahora a la espera tras varias peticiones de ayudas y sin ninguna cobertura social que soporte la dramática situación.

El perjudicado, junto a los responsables de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo, Eduardo Chao (Favec), solicitó ayer ante los juzgados de la ciudad olívica al ayuntamiento que se adhiera al plan autonómico de viviendas vacías, que se puso en marcha el pasado mes de mayo con el objetivo de ofrecer alquileres económicos a familias en situación de riesgo. «Queremos que el ayuntamiento firme el convenio de la Xunta, que es algo bueno para todos», señaló María Pérez, presidenta de Favec. «La Risga ahora no es una solución porque pueden tardar hasta siete meses en concedérsela y se trata de una situación de urgencia», añadió la responsable de la asociación vecinal.

Tanto la familia en riesgo de desahucio como la Favec señalaron también ayer que los medios sociales deben incrementarse en ambas administraciones, puesto que en ocasiones las citas para recibir a las personas en situaciones difíciles llegan demasiado tarde. «A veces se dan citas al cabo de un mes cuando un corte de luz por impago puede estar fijado en pocos días», explicó María Pérez. «Los trabajadores sociales están desbordados», sostuvo.

Más de 40 colaboradores

Respecto al plan autonómico de viviendas vacías, que trata de generar una bolsa de alquiler social y al que ya se han adherido 41 ayuntamientos en Galicia –el último fue ayer Outeiro de Rei (Lugo)–, la titular de Vivenda reiteró que al gobierno gallego le llama la atención que algunos concellos, como Vigo, La Coruña o Ferrol, que han hecho «bandera» contra los desahucios, no se hayan unido al programa. «No supone ningún coste adicional al consistorio y es una oportunidad para dar soluciones a las familias con más dificultades», apuntó Ethel Vázquez.

La consellería señaló ayer en un comunicado que la familia de Vigo aún no ha solicitado el Bono de Alquiler Social a la Xunta, ayuda que había recomendado la administración al conocer la situación. La administración gallega contactó ayer con la asociación Os Ninguéns para reiterar el ofrecimiento de dicha ayuda.