El Concello se escuda en el Consejo de Estado para eludir la comisión

El Gobierno vigués eleva al Consejo de Estado sus reticencias a comparecer en la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego para analizar las causas del accidente del Marisquiño. La concejal de Urbanismo, la socialista María José Caride, presentó una solicitud ante este ente pidiendo que se pronuncie sobre si tanto ella como el resto de cargos locales están obligados a comparecer en este foro, o si, como responsables electos en el Ayuntamiento de Vigo, solo deben responder políticamente ante el pleno de esa institución.

En base a esta solicitud, tanto Caride como la arquitecta municipal, que también se sumó a esta reclamación, solicitan que se aplacen sus comparecencias en sede parlamentaria, previstas para el próximo 31 de enero. En su escrito apelan a la decisión de la ministra de Política Territorial de solicitar el pasado 17 de enero al Consejo de Estado un informe sobre el deber de los cargos públicos de la administración local de comparecer en las comisiones de investigación creadas por los parlamentos autonómicos. Además, la concejal de Urbanismo subraya que, como cargo electo del Concello de Vigo, «no mantiene relación laboral, administrativa o política con la Xunta», lo que «suscita serios reparos jurídicos» a su obligación de acudir a este foro.

Tras revelar las peticiones presentadas por María José Caride y la arquitecta municipal, el diputado del PP Alberto Pazos calificó de «esperpento» la solicitud de aplazamiento. A su entender, el hecho de evocar al informe solicitado por el Ministerio de Política Territorial es una mera «excusa» para no acudir a la Cámara a dar explicaciones sobre el accidente que causó más de 460 heridos. Además, el parlamentario acusó al Gobierno central de «plegarse» a los intereses del Ejecutivo local de Vigo con el fin de «ayudarle» en su intención de no comparecer. «Una ministra socialista usa y abusa de las prerrogativas ministeriales para solicitarle a una institución presidida por una exvicepresidenta de un Gobierno socialista un informe que ampare la estrategia obstruccionista de un alcalde de su partido», resumió Alberto Pazos.

Desde el PSOE vigués, el diputado Abel Losada manifestó que el PP tiene «miedo» de la futura resolución del Consejo de Estado porque su actitud es «cacicada que vulnera la Constitución» y un «un circo electoral».