Compostela Aberta otorgó 28 contratos a afines por un importe de 252.000 euros

Continúa ampliándose la nómina de contratos adjudicados por parte del gobierno local de Santiago, en manos de Compostela Aberta, a empresas afines. Durante la semana pasada el PP santiagués denunció la existencia de hasta 34 adjudicaciones a dedo por un importe de unos 220.000 euros a firmas vinculadas con familiares del equipo de gobierno o de miembros de la lista electoral de esta formación rupturista. Con todo, a esa cifra habría que sumar otros 28 nuevos contratos menores que superarían un montante total de 252.000 euros y que el Ejecutivo local habría otorgado a empresas conformadas por personas próximas al proyecto rupturista.

Según información recogida en el portal de transparencia del ayuntamiento, esos 28 nuevos contratos se corresponden con 12 sociedades o personas individuales que habrían respaldado o colaborado de una forma u otra con Compostela Aberta u otras formaciones de la órbita rupturista. Entre ellas destaca una cooperativa dedicada a trabajos de asesoría y consultoría, cuyo secretario participó en la escuela de verano de En Marea, y que recibió hasta 77.000 euros en seis contratos para asuntos como la elaboración de un diagnóstico sobre la igualdad en la ciudad o el diseño de un plan sobre esta misma materia. Otra de las beneficiarias es otra cooperativa dedicada al cine y la producción audiovisual que cuenta entre sus socios con un firmante del manifiesto fundacional de la Marea Atlántica y que resultó beneficiaria de cuatro contratos por importe de 30.000 euros para asuntos como el diseño de la imagen de las fiestas de la Ascensión de 2015.

En la nómina de adjudicatarios de estos 28 contratos figuran también dos empresas vinculada s con dos firmantes del manifiesto en apoyo a la diputada de En Marea Paula Quinteiro , respaldada por Compostela Aberta pese a que parte del partido instrumental solicitó su dimisión por encararse con un policía local. Estas dos sociedades habrían recibido por separado cuatro adjudicaciones por un importe total de 29.000 euros por trabajos como la elaboración de un documental sobre el Prestige o la difusión de la campaña Fotolingua. Del mismo modo , otras dos firmantes del manifiesto «Encontro cidadán por unha Marea galega» en 2015, uno de los textos que dio pie a la construcción de En Marea, recibieron un total de cinco contratos para acometer trabajos como el programa del proyecto Compostela Móvese o la coordinación de la iniciativa Marzo en Compostela.

La lista se completa con la adjudicación de dos contratos por valor de 25.000 euros a una consultora cuyo socio fue vicecoordinador de acción electoral de la formación Espazo Ecosocialista —una de las corrientes internas que conformó En Marea, disuelta en 2017— y otras tres adjudicaciones por un total de 16.000 euros a una sociedad en la que figura como responsable una persona nombrada cargo de confianza del gobierno de la Marea Atlántica en La Coruña.

Otros tres contratos por valor de 11.000 euros habrían ido a parar a una productora audiovisual y a dos de sus socias, que según su página web han realizado con anterioridad trabajos para Compostela Aberta como formación política. Finalmente, otra asociación resultó beneficiada de un contrato con el gobierno compostelano por valor de 14.000 euros días después de presentar su proyecto ante la asamblea del partido liderado por Noriega.

Además de estas 28 adjudicaciones, el Partido Popular también denunció la semana pasada la existencia de 34 contratos a familiares o afines de Compostela Aberta que, aún siendo legales, alcanzarían la cifra total de 220.000 euros. Ya en aquel momento , los populares alertaron de que su denuncia era tan solo la «punta del iceberg» de una «bolsa opaca de contrataciones» acometida por el Ejecutivo local liderado por Martiño Noriega. El alcalde santiagués, en cambio, negó desde un primer momento la existencia de trato de favor alguno, y apuntó que algunas de las empresas señaladas por el PP habían facturado al ayuntamiento contratos por un importe superior durante la época en la que los populares ostentaron el bastón de mando del Pazo de Raxoi. En este sentido, tanto Noriega como algunas de las firmas mencionadas en las denuncias públicas de esta formación ya avanzaron que tomarían acciones legales contra el PP por sentirse «difamadas».