La Audiencia requiere a los condenados del Prestige 2.500 millones

En diciembre del 2018, el Tribunal Supremo repartió la responsabilidad civil derivada del hundimiento del Prestige, fijando indemnizaciones por un importe superior a los 2.500 millones de euros para el Estado español, la Xunta y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades. Cumplidos dos meses del fallo y agotado el plazo voluntario de abono , la Audiencia provincial de La Coruña ha exigido estos pagos a los condenados durante el juicio por la catástrofe natural de 2002. Se trata, en primer término, del capitán, Apostolos Mangouras, como responsable civil principal, y de la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., como responsable civil subsidiaria, «ante la más que razonable certidumbre de insuficiencia de bienes del responsable principal , dada la cuantía global de la deuda de autos».

Para la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, fija un límite de 855.493.575 euros, descontada la cantidad de 22.777.986 euros consignada, mientras que para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1992 marca el límite en 27.986.264 euros, descontadas las sumas ya abonadas a perjudicados. La Audiencia establece, por ahora, el total de la ejecución de la sentencia en 2.495.429.706 euros , de los que solo 392.923.977 responden a de intereses moratorios. Por otra parte, la suma de 2.121.084,15 euros depositada a disposición del tribunal por Repsol Petróleo tras la venta del fuel se aplicará, previa deducción de gastos, al pago de las inde1.

mnizaciones de los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución notificada este viernes.

El juicio quedó visto para sentencia después de ocho meses y 204 declaraciones de testigos y peritos. Once años después del accidente, el tribunal dictó una sentencia en la que absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medioambiente. Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y además eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía diariamente 125 toneladas de fuel.