Tribunales
Archivan la quinta pieza separada de la Operación Pulpo
La macrocausa había forzado la dimisión José Ramón Gómez Besteiro como secretario general del PSdeG en marzo de 2016
Paradojas de la justicia. La víspera de que llegase a juicio nueve años después la primera pieza derivada de la «operación Pokemon», la macrocausa de Pilar de Lara que puso patas arriba la política gallega entre 2012 y 2013, trascendía que otro juzgado de Lugo archivaba la quinta pieza separada de la «operación Pulpo» , el supuesto entramado de irregularidades en la Diputación de Lugo que acabó forzando la dimisión de José Ramón Gómez Besteiro como secretario general del PSdeG en marzo de 2016.
En el marco de la «Pulpo», De Lara señalaba la posible existencia de «fraude en la obtención de subvenciones públicas» por parte del club baloncesto Breogán y la fundación Balogal. Sin embargo, salida de su juzgado esta pieza separada ha acabado como otras tantas: archivada. Los argumentos que da el titular de Instrucción nº3, el magistrado Sergio Orduña, es que toda la documentación del expediente de la pieza se corresponde de manera íntegra con unas diligencias que se archivaron en ese mismo juzgado en 2013 .
Sin embargo, De Lara las rescató e incorporó a la causa de la «Pulpo», forzando un nuevo reparto para que se investigara «sin que nada concreto se haya añadido» a lo que en su día se sobreseyó de manera firme. A Orduña no le ha temblado el pulso para mandar de nuevo al cajón esta separata de una operación que comenzó con la investigación de un supuesto caso de acoso laboral en el departamento de Protocolo de la Diputación y acabó convirtiéndose en una causa general sobre la gestión como presidente del socialista Gómez Besteiro.
Los «gastos sociales»
El anterior carpetazo a las teóricas irregularidades en la Diputación descubiertas por Pilar de Lara lo dio en agosto la titular de Instrucción nº2, Sandra Piñeiro, cuando archivó también la pieza de los controvertidos «gastos médicos y prestaciones sociales» que se cubrían a los empleados del ente provincial desde tiempos de Francisco Cacharro en aplicación del convenio colectivo en vigor.
En su auto, Piñeiro considera que en modo alguno «resulta justificada la perpetración de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias» . Pilar de Lara consideraba injustificado que el Acuerdo Marco de la Diputación contemplara «ayudas para la vivienda y ayuda familiar, premios por jubilación, natalidad y nupcialidad, así como gastos relacionados con las festividades de Santa Rita y San Froilán». Piñeiro le responde: «Respecto de las consideraciones acerca de que sean exagerados o no [estos gastos] (...) constituye un juicio de valor que no se refleja en datos constatables objetivamente». En su resolución, la juez del nº2 rechazaba de plano que se hubieran perpetrado «ni el delito de prevaricación administrativa ni el de tráfico de influencias» . Y de paso, trufaba su auto con críticas veladas a De Lara a la hora de conformar el expediente judicial, al referirse en sus escritos a hechos y diligencias «desconocidas» o conductas «no concretadas», con origen en un escrito anónimo.
Quinto archivo
Antes de las dos piezas ya citadas respecto del Breogán y los «gastos sociales», otros juzgados lucenses habían decidido sobreseer una pieza sobre la creación y adjudicación de la plaza de jefa de comunicación de la Diputación , otra relativa a una serie de adjudicaciones a la exjefa de gabinete de López Orozco y una más relativas a contratos con diversas empresas de Lugo. El presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, se felicitó este lunes por el archivo de esta nueva pieza y tachó la «operación Pulpo» de «persecución política» contra Besteiro .
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