Operación BrugalEl juez procesa a los exalcaldes Castedo y Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz por el caso del PGOU

El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

En el auto, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) este martes, también se procesa por asesoramiento ilegal, información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho al hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo. Además, figuran otros seis procesados. El juez instructor, no obstante, ha decidido sobreseer la causa respecto a la esposa de Ortiz, Manuela Carratalá.

Según han confirmado hoy a Efe fuentes judiciales, la resolución, que debe ser notificada a las partes este martes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse

, en el marco de la 'Operación Brugal'.

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.

La causa arrancó en julio de 2010 como pieza separada del caso Brugal que investigaba el presunto amaño del tratamiento de residuos en la Vega Baja. De las conversaciones intervenidas por la Policía, se desgajó esta pieza relativa a la tramitación del Plan General de Alicante.

El magistrado señala en el auto que para llegar a la convicción de la existencia de indicios de delito se ha tenido en cuenta tanto las conversaciones como las numerosas diligencias practicadas y la "profusa documentación unida a las actuaciones y los múltiples informes obrantes".

La causa fue enviada al TSJCV en 2012 por el aforamiento de Alperi y Castedo, como diputados autonómicos, y regresó a los juzgados de Instrucción de Alicante ante la pérdida de esa condición de ambos en 2014.