Más de 3.000 valencianos firman para exigir a Cataluña la devolución de los papeles de Salamanca

La Comunidad Valenciana ha cobrado especial protagonismo en el contencioso que mantiene la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca con la Generalitat catalana para conseguir la devolución de los documentos de la guerra civil española que fueron trasladados indebidamente a esa comunidad.

De las 30.193 firmas recabadas hasta ahora a través de la plataforma cívica HazteOir.org para exigir la restitución a sus legítimos propietarios de aquellos papeles cuya procedencia no es catalana, más de 3.000 corresponden a las provincias de Castellón, Valencia o Alicante. Tal y como avanzó este periódico en septiembre de 2015, entre los 1,1 millones de documentos que salieron entre 2006 y 2011 de la capital castellanoleonesa con destino al Archivo Nacional de Cataluña, se ha constatado que al menos 2.000 tienen procedencia valenciana

. Son principalmente carnés sindicales de ciudadanos y correspondencias internas entre organismos e instituciones del bando republicano con origen o destino en la región.

El pasado miércoles se enviaron a la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid las más de 30.000 firmas, recogidas en todas las provincias de España -incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y residentes en 73 países de todos los continentes. El Manifiesto de la Asociación ha sido firmado también por diez partidos políticos, entre ellos todos los mayoritarios.

Según apunta Policarpo Sánchez, cabeza visible de la batalla judicial que desde hace cinco años exige la restitución de 400.000 documentos extraídos «ilegalmente», «esto constituye la mayor movilización ciudadana en la Historia del Archivo de Salamanca para que la Generalidad de Cataluña devuelva los documentos que no le corresponde tener ni custodiar».

Moción en el Senado

Coincidiendo con el envío de las firmas, la senadora asturiana Rosa Domínguez de Posada presentó el pasado miércoles una iniciativa en las Cortes Generales para exigir a la Generalitat de Cataluña que cumpla la Ley y la Sentencia de Tribunal Constitucional relativas al Archivo de Salamanca, y, en consecuencia, la devolución de toda la documentación indebidamente recibida desde el año 2006, así como la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios, por formar parte integrante del mencionado archivo de titularidad estatal.