Tribunales
El expresidente de la Diputación de Alicante se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel en el juicio del caso Brugal
En la causa se juzgan los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan e ntre los tres años y medio y los diecisite años de cárcel para trece acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por las supuestas irregularidades detetadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja.
Esta causa constituye una pieza separada del denominado caso Brugal , de acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Entre los acusados figuran el expresidente de la Diputación alicantina José Joaquín Ripoll, que se enfrenta a una petición de condena de dieciséis años de cárcel y 44 de inhabilitación, el entonces portavoz de la oposición en la institución provincial, el socialista Antonio Amorós , la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente , varios técnicos y empresarios como Enrique Ortiz o o Ángel Fenoll .
El juicio comienza este martes en la sección séptima de la Audiencia de Alicant e, con sede en Elche, y hay sesiones señaladas hasta el 24 de noviembre.
Según el Ministerio Público, el expresidente de la Diputación de Alicante maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 a fin de que el empresario elegido para la adjudicación del plan comprara a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, coste que el adjudicatario repercutiría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces dirigente de la corporación provincial se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación consistentes en el saneamiento de una televisión local, viajes y vacaciones en yate. También aceptó presuntamente dos viviendas en Alicante que finalmente no se le llegaron a entregar por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca. Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1,15 millones de euros.
