Tribunales
Anticorrupción pide procesar a Francisco Camps por la Fórmula 1 y ve «beneficio electoral» en su decisión
La Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional para la exconsellera Lola Johnson, para la responsable en la Generalitat del evento, Belén Reyero, y para el expiloto «Aspar»
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Intrucción número 2 de Valencia que dicte auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la causa que investiga supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1. El fiscal pide asimismo que se acuerde el sobreseimiento provisional para la exconsellera Lola Johnson ; la responsable en la Generalitat del evento, Belén Reyero ; el expiloto Jorge Martínez «Aspar» ; y el exdirector general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueres .
En un escrito fechado ayer, Anticorrupción explica que resulta «indiciariamente acreditado» que Camps llegó a un acuerdo con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone en abril de 2006 para la celebración del Gran Premio al margen de cualquier procedimiento administrativo. Una decisión que tomó «de manera personal» para que tuviera lugar en Valencia pensando en el «beneficio electoral» que le generaría en los comicios autonómicos de mayo de 2007.
[Camps solicitará el archivo de la causa]
Para ello, solicitó al que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas, que a través de una sociedad organizase el evento «garantizándole que la Administración asumiría las pérdidas y comprometiendo los fondos públicos ».
Estas negociaciones, según la Fiscalía, fueron llevadas a cabo en primera persona por el exjefe del Consell pese a que él siempre lo ha negado . Una afirmación que basa en las declaraciones como testigos de su exvicepresidente Vicente Rambla y del propio Olivas y en las fichas de Belén Reyero. En ellas relataba cómo en enero de 2007, Ecclestone ya transmitió a Camps que el canon a pagar sería de 26 millones.
Al mes siguiente se produjo una reunión entre este último, Rambla, Olivas y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la que se acordó la creación de la mencionada sociedad -que sería Valmor Sports- «donde la Generalitat asumiera las pérdidas» , señala Anticorrupción. Camps, asegura, no sólo participó en las negociaciones con Ecclestone, sino que también negoció en nombre de Valmor las condiciones de la prueba.
Inviable
Esta voluntad de responsabilizarse de las pérdidas, indica el escrito, se intentó plasmar en un convenio al ser la garantía ofrecida por Camps. Pero posteriormente, los socios de Valmor constataron tras el primer Gran Premio que era económicamente inviable y acudieron a la Generalitat ante su situación financiera. Rambla les comunicó, tras consultar a Camps, que pagarían el canon anual de 26 millones de euros a través de la SPTCV.
En 2010, el exjefe del Consell volvió a acordar con Ecclestone prorrogar el contrato diez años con la Administración como avalista de Valmor al margen, nuevamente, de cualquier procedimiento administrativo, apunta Anticorrupción. Un proceso para dar forma al pacto verbal en el que utilizó a Belén Reyero como intermediaria «sabiendo que era inviable económicamente y comprometiendo los fondos públicos»: «De esta forma, ordenó que por parte de Lola Johnson y de Belén Reyero se firmara el contrato de julio de 2011 diciéndoles que sería ratificado por el Consell sabiendo que no sería así».
El acuerdo lo culminó, explica la Fiscalía, en una reunión que celebró con Ecclestone en Londres en 13 de julio de 2011 y donde personalmente le llevó el contrato. «Con esta decisión, la Generalitat, a instancia de Camps, garantizaba ante la Fórmula 1 cualquier incumplimiento por parte de Valmor en el contrato de derechos comerciales», apunta.
Todos estos hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.
La petición de Anticorrupción se basa en una sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca en la que condenó al presidente de Baleares, Jaume Matas, por llegar a un acuerdo verbal con el arquitecto Santiago Calatrava para la construcción del edificio de la ópera.
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