Puigdemont avala la tramitación de la ley del referéndum y acusa al TC de «golpe de Estado»
El presidente catalán responsabiliza al PP de «cargarse el marco constitucional» cuando promovió la impugnación del Estatut
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avalado este miércoles que el Parlament haya tramitado la ley del referéndum y se disponga a aprobarla por la tarde, y considera que el origen del proceso soberanista se sitúa en un «golpe de Estado» del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010.
En la sesión de control al Govern, ha defendido que el Parlament tramite esta ley porque considera que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, y ha responsabilizado al PP de «cargarse el marco constitucional» cuando promovió la impugnación del Estatut.
El líder del PP, Xavier García Albiol, ha manifestado que la tramitación de la ley del referéndum es «la peor crisis institucional que ha vivido Catalunya en 36 años» desde el golpe de Estado en el Congreso.
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defendido que el fin de la ley del referéndum que prevé aprobar este miércoles el pleno del Parlament es algo «mucho más profundo» que la polémica sobre el artículo 81.3 del reglamento de la cámara para introducir la norma en el orden del día.
En declaraciones a TV3, Juqueras ha lamentado que «algunos hoy están muy enfadados por una cuestión de interpretación de un artículo del reglamento».
«Lo que estamos debatiendo es una cuestión mucho más profunda, es el derecho de los ciudadanos a votar » para decidir su futuro, ha añadido el también líder de ERC.
Junqueras ha añadido que mucha gente trabaja desde hace mucho para que los ciudadanos puedan votar, mientras «otros hacen todo lo posible para que no puedan votar».
«Actuamos con respeto a la democracia, al derecho internacional», ha dicho, y ha añadido que el reférendum sobre la independencia de Catalunya se ha intentado por todas las vías posibles antes de la que aborda el pleno este miércoles.
Oriol Junqueras ha dicho estar absolutamente convencido de la legalidad del procedimiento: «El derecho internacional nos acoge. Además, no hay ninguna normativa ni ley en el Estado español que prohiba los referéndums».
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