El Parlament aprueba la ley de lenguas oficiales con Vox, Cs y PP criticando al PSC por pactarla con Junts y ERC
La nueva norma pretende, según los independentistas, impedir el 25% de español en las aulas, pese a la orden del TSJC
El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley de lenguas oficiales en la enseñanza que establece el español como lengua curricular, pero no vehicular, concepto que se establece solo para el catalán, con los votos a favor del PSC, ERC, Junts y los comunes. En contra han votado Vox, Cs y el PP, al considerar que la norma trata de impedir el cumplimiento del 25 por ciento de español en las aulas, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y la CUP, por motivos totalmente opuestos a los de los grupos constitucionalistas.
Con 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la cámara autonómica ha dado su visto bueno a la Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que los independentistas han defendido junto con el PSC y los comunes. Ayer, el Consejo de Garantías Estatutarias dio su visto bueno (no vinculante) a la tramitación de la norma, al considerar que no es contraria a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, entre otras cosas, porque aunque no explicite el español como lengua vehicular, así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Tras el debate para la posición de cada grupo, ha tomado la palabra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha felicitado a los líderes y los responsables de los cuatro partidos que ha apoyado el cambio legislativo. Aragonès ha definido el acuerdo como «un gran acuerdo de país» y lo ha dejado abierto para que se sumen otras fuerzas, como la CUP, aunque no ha citado a ningún grupo en concreto. «Es un acuerdo de puertas abiertas para que se sume todo el mundo», ha dicho.
Además, el presidente autonómico ha defendido que sea el Parlamento de Cataluña el que legisle sobre una materia como es el uso de las lenguas en las escuelas, en lugar de que lo hagan, en su opinión, los tribunales. «No dimitimos de nuestra responsabilidad de legislar», ha añadido. Y ha indicado que con la nueva norma «situamos el catalán como eje vertebrador de la escuela catalana y del modelo lingüístico del país«.
La intervención de Aragonès, que como presidente de la Generalitat puede intervenir en todos los debates que considere oportuno, ha dado un turno de palabra a los presidentes de los grupos parlamentarios. Salvador Illa (PSC) ha dado las gracias a Aragonès y ha compartido la necesidad de dejar «abierto» el «consenso» sobre la lengua: «Me comprometo a ensancharlo», ha añadido. Y ha asegurado que para el PSC, «defender el catalán no es atacar el castellano, que también es lengua materna de muchos catalanes».
La ronda de palabras, sin embargo, ha evidenciado el ataque de Vox y Cs al PSC por pactar con los nacionalistas lo que consideran es una jugada política para que no se aplique el 25 por ciento de español en las aulas, a pesar de la orden del TSJC transmitida al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. Así, Ignacio Garriga y Carlos Carrizosa han apuntado que el PSC «traiciona» a sus votantes, permite que «el totalitarismo separatista avance pisoteando los derechos de los catalanes» y «mienten a la población asumiendo el discurso del nacionalismo más supremacista y excluyente».
Por su parte, Albert Batet (Junts) y Jéssica Albiach (comunes) han defendido el acuerdo. El primero ha pedido al Govern que continúe con la política lingüística aprobada este miércoles para defender el catalán, en referencia al decreto ley aprobado por el ejecutivo de Aragonès que desarrolla la respuesta al TSJC por parte de los grupos nacionalistas y que no cuenta, en principio, con el apoyo del PSC y la segunda se ha congratulado de «blindar la inmersión lingüística».
Un punto de vista, el de Albiach, totalmente opuesto al manifestado por Carles Riera (CUP) que, en su intervención, ha señalado que «es evidente que curricular es sinónimo de vehicular», en relación a las dos lenguas oficiales, y ha defendido que la nueva ley «abre la puerta al uso del castellano más allá de la asignatura de la lengua, abren la puerta al bilingüismo».
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