Detalle de algunos de los legajos que empezaron a llegar a Cataluña en 2006
Detalle de algunos de los legajos que empezaron a llegar a Cataluña en 2006 - YOLANDA CARDO

Exigen a la Generalitat que devuelva 400.000 documentos de Salamanca que retiene «ilegalmente»

La asociación «Salvar el Archivo de Salamanca» convoca una movilización el viernes en Barcelona para reclamar la devolución

BARCELONA Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

«No hemos venido a reclamar los documentos catalanes. Sólo le pido que, al igual que hago yo, acate la ley y cumpla las resoluciones judiciales y devuelva a Salamanca toda la documentación retenida en su poder». Con estas palabras dirigidas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha acercado este martes sus reivindicaciones a Barcelona y ha vuelto a reclamar la devolución de los cerca de 400.000 documentos que, aseguran, la Generalitat «retiene ilegalmente en su poder».

Es por eso que la entidad ha convocado para el próximo viernes una movilización en la plaza Sant Jaume de Barcelona en la que exigirán al Gobierno catalán que cumpla la ley, El mismo día, la asociación tiene previsto entregar en el Departamento de Presidencia las 32.000 firmas recogidas a través de internet que se suman a la petición.

Según el presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, el origen del conflicto radica no en el millón de documentos que retornaron a Cataluña en cumplimiento de la ley de restitución aprobada en 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino en todos esos legajos que jamás tendrían que haber salido de Salamanca o que ya tendrían que haber sido devueltos. Se trata, explica Sánchez, de documentos de 23 provincias españolas «que nada tienen que ver con la memoria histórica catalana» o de fondos de los que no se ha podido encontrar a las propietarios y que, como establece la ley, la Generalitat debería retornar al Archivo General de la Guerra Civil Española.

Propietarios ficticios

Una tercera derivada, apunta el investigador salmantino, es la que engloba todos aquellos documentos con los que, assegura Sánchez, se ha incurrido en fraude de ley al entregarse a entidades «de nueva creación». «En algunos casos se han inventado el propietario. Los papeles del PSOE asturiano, por ejemplo, se han entregado al centro regional asturiano de Barcelona», ilustra Sánchez.

Con el juicio en el que Sánchez demandó a la Generalitat visto para la sentencia y un manifiesto de apoyo al retorno de los documentos suscrito por una decena de partidos –entre ellos PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Foro Asturias–, Sánchez también ha solicitado por carta una reunión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para exponerle los motivos de la concentración y reclamarle la devolución de aquellos documentos que obran «indebidamente» en poder catalán

«Estos documentos no son la memoria del pueblo catalán y tienen que devolverlos», asegura Sánchez en referencia a papeles concretos como el certificado de trabajo de Guillermo Suils, relojero de la Puerta del Sol. «Mi padre no estuvo en Cataluña ni de vacaciones, por desgracia, así que es un documento que no pertenece a la memoria histórica catalana», ha explicado el hijo de Suils, quien reclama que ese documento sea retornado al lugar del que salió. Como él, añade Sánchez, hay otras 200 familias que que reclaman la restitución de papeles y documentos familiares actualmente depositados en el Archivo Nacional de Cataluña.

Para Sánchez, todo este proceso responde a la «chapuza» en la que se convirtió la devolución de los papeles. «El traslado se hizo en base a un acuerdo político y no técnico», apunta al tiempo que recuerda que tampoco se ha cumplido ese otro apartado de la ley que contempla que de cada documento retornado deberá quedar una copia compulsada en el archivo de Salamanca.

Eso por eso que el investigador ha anunciado hoy que prepara una querella para uno de los miembros de la Comisión Mixta que organizó el traspaso, el subdirector general de los Archivos Estatales Severiano Hernández Vicente, por un delito de prevaricación, estafa procesal y aportación de pruebas falsas. Según explica Sánchez, Vicente habría sido el responsable de digitalizar los documentos de forma incompleta y de no realizar las copias compulsada.

Ver los comentarios