Imagen del traslado de documentos del Archivo
Imagen del traslado de documentos del Archivo - ABC
«PAPELES DE SALAMANCA»

Exigen a la Generalitat de Catalunya que devuelva los 400.000 documentos que retiene

La asociación «Salvar el Archivo de Salamanca» insiste en que el gobierno catalán se apropió del archivo «indebidamente»

VALENCIA Actualizado: Guardar
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Tras meses de litigios y de denuncia en una cuestión de materia histórica, el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha insistido en que la Generalitat de Cataluña tiene que «cumplir la ley» y devolver los documentos enviados «indebidamente» desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, entre los que hay miles de archivos valencianos sin detallar.

Según sus datos, a falta de un número concreto por «no haber tenido acceso» a la «mayoría» de los legajos mandados, las cajas remitidas a Cataluña sin cumplir la normativa podían acoger unos 400.000 documentos (entre los que hay alrededor de 2.000 documentos valencianos), lo que ha motivado que, desde hace meses, se impulse una campaña para que la Generalitat catalana devuelva los papeles

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Se trata de «una cuantiosa documentación» que debería regresar a las dependencias de Salamanca, ha apuntado el investigador en una rueda de prensa donde ha mostrado su satisfacción por la aprobación unánime en las Cortes de Castilla y León de la declaración institucional de apoyo al Archivo General de la Guerra Civil Española, un documento impulsado desde hace seis años por Policarpo Sánchez.

Sobre los documentos en cuestión, que según el presidente de la asociación tienen que volver a Salamanca, se encuentran los que trasladó el Ministerio de Cultura «vulnerando la ley» al remitirse a Cataluña siendo de Valencia, Madrid, Murcia, Asturias o Aragón, entre otras comunidades, ha explicado.

También, han de retornar «los que no se han devuelto a sus legítimos propietarios» y, además, los que se han entregado a familiares de personas y entidades que «no fueron sus legítimos propietarios», para lo que la Generalitat «se ha inventado propietarios», ha lamentado.

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