El Tribunal Constitucional suspende la Consejería de Exteriores de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente el decreto de la Generalitat que regula la creación de la Consejería de Exteriores catalana. La decisión es una consecuencia automática de la mera admisión a trámite del recurso en el que el Gobierno pedía esta medida cautelar en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Los magistrados, por tanto, no han entrado en el fondo del asunto.

Según el artículo 161.2 de la Carta Magna, «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Fuentes del TC señalaron que el asunto se decidió en el Pleno de ayer tras ser incluido sobre la marcha en el orden del día.

El pasado 5 de enero, tras la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que plantearía un conflicto de competencias ante el TC contra la creación de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, que encabeza Raül Romeva (Junts pel Sí) y cuyas competencias están reguladas en dos decretos publicados los pasados 14 y 20 de enero. El Ejecutivo tomó esta decisión tras contar con sendos informes favorables del Consejo de la Abogacía del Estado.

El mismo día en que se conoció el recurso del Gobierno, que ya anticipaba la suspensión porque se produce de forma automática cuando el TC admite a trámite un recurso del Gobierno, el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, reaccionó defendiendo la legalidad de su departamento y afirmó estar «muy tranquilo».

Por otra parte, la creación de las ponencias conjuntas del Parlamento catalán que debían elaborar las llamadas tres leyes de ruptura -Seguridad Social, Hacienda y Transitoriedad jurídica- acordadas por Junts pel Sí (JpS) y la CUP ha encontrado un escollo entre los propios juristas de la cámara catalana. En un informe jurídico -aunque no vinculante- hecho público ayer, los letrados del Parlament señalan que tienen dudas de la viabilidad y hasta de la legalidad de sendas ponencias conjuntas, que emanan de la declaración de ruptura del Parlamento catalán del 9-N suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) .

Pese al revés del informe, JpS y la CUP no descartaron ayer aprobar las ponencias o buscar una fórmula alternativa para crear estas tres leyes. Si lo hacen, PP y C’s las impugnarán.

JpS y la CUP pidieron crear estas ponencias conjuntas y, la semana pasada, la Mesa del Parlament debía tramitar la petición. No obstante, tras oír a toda la oposición -C’s, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP-, que declinaba participar en ponencias de leyes que juzgan ilegales, la Mesa aceptó pedir un informe jurídico a los letrados de la cámara antes de aprobar su creación, pese a que JpS tiene mayoría en la Mesa y podía imponer su criterio. Reunida ayer, la Mesa tampoco aprobó las ponencias a la espera del informe jurídico, que llegó al concluir la reunión.

El informe se centra en la forma de tramitar las leyes. Sobre el fondo, si se desobedece la suspensión del Tribunal Constitucional, se remiten a un informe suyo anterior en el que ya se advertía de posibles impugnaciones ante el mismo tribunal.

Los letrados no ven «viables» las ponencias conjuntas si se crean sin el aval de, al menos, la mayoría de los grupos parlamentarios. Los juristas de la cámara subrayan que las tres leyes no despliegan competencias del Estatuto.