Caso Enredadera
Las «víctimas» del caso Enredadera, una a una
El PSOE sacrifica a la alcaldesa de San Andrés de Rabanedo para evitar la moción de censura. Las dimisiones o ceses como consecuencia de esta operación vinculada a una red corrupta superan ya la decena
El PSOE consumó ayer el «sacrificio» de la alcaldesa -y hasta ayer candidata oficial para las próximas elecciones- de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo y de los otros dos concejales salpicados por el Caso Enradadera -Miguel Flórez y Santiago Blanco-. Conscientes de que la moción de censura en la tercera localidad de mayor tamaño de la provincia iba a ser posiblemente hoy una realidad con el apoyo del PP y UPL a Izquierda Unida, los socialistas dieron un golpe de mano con la dimisión «consensuada» de la regidora y los dos ediles. De paso, la formación de la rosa culmina una «limpia» total de los cargos públicos de su formación supuestamente implicados en la trama para poder así continuar sin ningún lastre con una campaña en la que pretenden cobrarse piezas de caza mayor como la del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o el alcalde de León, Antonio Silván.
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Según el sumario del caso, la alcaldesa mantuvo una conversación telefónica con José Luis Ulibarri, el empresario encarcelado como cabecilla de la presunta trama corrupta, en la que quedaron para tomar un café y «comentarte un asunto que creo que ya sabes». La UDEF considera que esta grabación versa sobre un contrato de digitalización de 700.000 euros, uno de los que asegura pretendía llevarse la trama corrupta del consistorio, aunque el equipo de Gobierno insiste en que no se le adjudicó a nadie vinculado a la trama.
Conversación con Ulibarri
Gancedo fue retenida el pasado 3 de julio y puesta en libertad sin cargos tras ser llevada a declarar a la Comisaría de la localidad. Según la UDEF «los municipios de San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre han constituido dos de los objetivos principales de la trama corrupta, probablemente debido al alto nivel de influencia que ostentaban sobre los políticos locales y algún técnico municipal». Así, concreta que en el caso de San Andrés del Rabanedo «se obtiene la evidencia de concretarse los concursos públicos en los que la trama corrupta está interesada en este municipio», que serían la adjudicación de un programa informático de gestión policial, un concurso de digitalización, el concurso de red semafórica y de alumbrado y el concurso de radares y fotorrojos, todos ellos negados desde el Ayuntamiento.
Para los investigadores consideran que los indicios obtenidos sobre «el grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes». En ambas localidades leonesas se apunta que Gespol logró, con la ayuda y «poderosas influencias ejercidas» por Ulibarri y García, «la sistemática revelación de información privilegiada» sobre diversos contratos y lograr así la «irregular» adjudicación.
Gancedo, dos de sus concejales y el leonesista Francisco Javier Gómez Vicente son las últimas «víctimas» del caso Enredadera, que se suman ya una larga lista. Éstas son, una a una, todas ellas:
- María Eugenia Gancedo, exalcaldesa de San Andrés de Rabanedo: Pese a clamar por su inocencia y negar cualquier relación con la trama, su partido la fuerza a dimitir. Fue retenida durante varias horas por la Policía.
- Joaquín Llamas, alcalde de Villarejo de Órbigo (PSOE): Suspendido de militancia por el PSOE y cesado como secretario autonómico de Política Local, Llamas se mantiene como regidor y diputado provincial.
- Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo (PSOE): Tras reconocer su «error» por mantener una conversación con Ulibarri sobre la concesión del servicio de recogida de basuras, se dio de baja del partido.
- Mónica Varón, exconcejal de Villaquilambre (PP): Dimitió obligada por dos ediles de Civiqus para tratar de evitar una moción de censura que finalmente se produjo.
- Miguel Ángel Flórez, exconcejal de San Andrés de Rabanedo (PSOE): Como sus compañeros en el ayuntamiento, deja su cargo como edil de Primer Teniente de Alcalde y Participación y Atención al Ciudadano.
- Manuel Ortiz, concejal de Astorga (PP): Como su alcalde, decidió darse de baja del PP pero seguir como concejal.
- Juan Carlos Fernández, edil de San Andrés (CS): el diputado sigue en sus cargos tras ser expulsado de Ciudadanos. El juez decretó su libertad con cargos.
- Manuel García, alcalde Villaquilambre (PP): Aguantó en el cargo hasta que la semana pasada prosperó la moción de censura liderada por el PSOE. No protagonizó ninguna de las grabaciones, pero los cabecillas de la trama aseguran que contaban con su «ayuda».
- Arsenio García, alcalde de Astorga (PP): Se dio de baja del PP después de que el partido le abriera un expediente disciplinario. Cuenta con el apoyo de sus concejales y continúa al frente del Ayuntamiento maragato.
- José María López Benito, exconcejal de León (PP): Entregó su acta de concejala para evitar una moción de censura contra Silván. Su declaración ante el juez prevista para ayer se ha aplazado.
- Santiago Blanco, exconcejal de San Andrés de Rabanedo (PSOE): Sigue los pasos de su alcaldesa al aceptar la petición de su partido para que renuncie a su acta como edil de Hacienda y de Contratación.
- Francisco Javier Gómez Vicente, exconcejal de San Andrés (pAL-UL): «Nos dieron un disparo en la cabeza y nos mataron políticamente» . El leonesista se sumó a la oleada de dimisiones en San Andrés y dejó de ser edil de Medio Ambiente y Servicios Generales.
- Javier Guzmán, concejal de Astorga (PP): Responsable de Deportes y Fiestas, también ha dejado el Partido Popular y también continúa en el cargo.
- Sadat Maraña, exasesor de Ciudadanos: Sin cargo público por un escándalo anterior, ya no trabaja para Cs. Está en libertad con cargos.
