Castilla y León sólo recogerá dos millones de toneladas frente a los seis habituales en la cosecha media

De «malos» y «catastróficos» han tildado ya tanto la Junta de Castilla y León como las organizaciones agrarias los resultados que esperan en el campo para este año fruto, sobre todo, de la sequía que padece el territorio regional, pero también por los daños producidos por las heladas y el granizo. Ayer, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, dio un paso más y aportó cifras: «La previsión más realista actualmente es que se va a recoger un tercio de la cosecha media». Si bien, aseguró que ese dato varía «día a día».

Si la producción agrícola media en la región suele situarse en los 6,2 millones de toneladas, la estimación realizada ayer por el Gobierno autonómico sitúa en tan sólo 2 millones de toneladas lo que se recolectará este año.

Ante este panorama, Marcos recordó que la Junta de Castilla y León y el Gobierno central ya se han puesto manos a la obra y han lanzado un Plan Financiero contra las Adversidades Climatológicas 2017-2022, dotado con 145 millones de euros, para que «sea cual sea la afección los agricultores puedan afrontar la cosecha».

«Medidas urgentes»

Dentro de ese paquete de medidas se encuentran algunos apoyos incluidos en el decreto de «medidas urgentes» para paliar los efectos de la sequía al que precisamente ayer dio luz verde el Consejo de Ministros. Entre las acciones de respaldo que se contemplan están las exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización de agua.

Los beneficiarios, según el texto del Gobierno, serán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura que, en este año y sin efecto retroactivo, hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50 por ciento de la normal o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20 por ciento en las zonas más desfavorecidas y de un 30 por ciento en las demás.

Todo ello supondrá un ahorro global para los regantes castellano y leoneses de ocho millones de euros, una cuantía que a nivel nacional alcanza los 54 millones. Otra de las acciones previstas es que las empresas y trabajadores por cuenta propia titulares de una explotación agraria en las zonas afectadas por la sequía , «tanto la hidrológica como la meteorológica», podrán tener una moratoria de un año en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio a febrero del próximo ejercicio.

Acerca del control del uso del agua, Milagros Marcos recordó que le corresponde al Estado y a las confederaciones hidrográficas. En Castilla y León, concretamente, a la del Duero.