Nueva crisis en el Consejo de Cámaras en pleno debate de la ley

No es la primera vez que se produce un choque en el seno del Consejo de Cámaras Regional de Cámaras de Comercio y a cuenta de la futura Ley regional de Cámaras que elabora la Junta de Comunidades, y que en estos momentos está en pleno período de alegaciones. Según un escrito difundido ayer por la Cámara de Comercio de Toledo, que preside María Ángeles Martínez, esta crisis comenzó hace algunos meses cuando el presidente del Consejo, Félix Aceñero, titular de la Cámara de Cuenca, ante la falta de acuerdo en relación a un posible texto de alegaciones a dicha Ley, manifestó a los miembros de este órgano cameral su intención de presentar él, a título personal, sus propias alegaciones.

A eso se unió el hecho de que dicho documento fue presentado finalmente con su firma como presidente del Consejo y en papel con membrete del mismo. Ese documento ha servicio de base para el actual borrador de ley de Cámaras regional. Pese a su gravedad, y para evitar una crisis institucional, la Cámara de Toledo dejó pasar el asunto, aunque lo puso en conocimiento de la Junta.

En la mañana de ayer, fue el presidente del Consejo y el de la Cámara de Ciudad Real, Mariano León Egido, quiénes materializaron dos acciones que reabren la crisis, según la institución toledana. Una de ellas fue la oposición de ambos a analizar el documento presentado por la comisión técnica de las Cámaras de la región, formada por los secretarios generales de todas ellas, relativo a alegaciones técnicas presentadas al borrador del decreto de extinción y liquidación de las Cámaras de Comercio, que podría ser aplicable en estos momentos a algunas de las Cámaras de la región, con las implicaciones patrimoniales que ello puede tener.

Polémicas alegaciones

En segundo lugar, respecto a otro documento presentado por la misma comisión técnica, en este caso sobre la nueva ley de Cámaras regional, se opusieron a tener en cuenta algunas de las alegaciones técnicas en él contenidas, considerando que los técnicos no eran quiénes para elevar un texto de estas características al Consejo. Sin embargo, el propio presidente de la Cámara de Cuenca sí presentó al Consejo un documento de alegaciones a la ley de Cámaras regional, al parecer elaborado por esa Cámara. Dicho documento no fue remitido a las Cámaras con anterioridad a la reunión, si bien pretendió que fuera la base de las alegaciones del Consejo, algo que no fue aceptado por Toledo y que contó con el apoyo de Cuenca y con la abstención de Albacete y Guadalajara.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Toledo se pregunta qué tipo de interés tiene la Cámara de Ciudad Real y el presidente del Consejo para no querer debatir el decreto de extinción y liquidación de las Cámaras. Asimismo, se pregunta el motivo de por qué se desprecia el trabajo de la Comisión Técnica de secretarios generales ante dos borradores de normas tan importantes y siendo los técnicos más cualificados para analizar textos legales y para formular propuestas, sin perjuicio de que el Consejo luego decida lo que estime más oportuno.

Desde la Cámara de Toledo se asegura que, en relación al borrador de la Ley de Cámaras, se evidencia una clara tendencia a dotar al Consejo Regional de funciones propias de las cámaras provinciales, cuya obligatoriedad dispone la Ley Básica Nacional, llegando incluso a solaparlas, cuando, según el propio borrador, ni es una Cámara más ni tiene las mismas obligaciones legales de control por parte de la Junta.

Estado de indefensión

La Cámara de Toledo entiende que está siendo colocada en un permanente estado de indefensión en el Consejo y que las actuaciones del presidente de la Cámara de Ciudad Real y del presidente del Consejo ni son adecuadas ni revelan intención alguna de consensuar un texto de la ley que debe ser abierto y tendente al diálogo, y esperan una disculpa.

La Cámara de Toledo asegura que no acepta las consecuencias ni el procedimiento llevado a cabo en la mañana de ayer por el Consejo ni sus actitudes pasadas. Por ello, está analizando la posibilidad de no volver a comparecer en el Consejo Regional de Cámaras. Asimismo, podría pedir amparo al órgano que lo tutela, la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización o incluso a la propia consejera de Economía.