14 años de cárcel por maltratar y obligar a abortar a su pareja

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará desde el martes a J.M.C.N.A por un delito de maltrato habitual , dos de lesiones, uno de aborto y otro de maltrato familiar. Unos delitos por los que el fiscal pide un total de 14 años y medio de prisión , 14 años de alejamiento de la víctima y una indemnización de 61.075 euros, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EP.

El fiscal explica que en el momento de los hechos el acusado y la presunta víctima eran pareja. La relación duró un año y medio, durante el cual residieron en Pozuelo y Torralba de Calatrava. Desde septiembre de 2011 (a los pocos meses de iniciarse la relación) el acusado, «con ánimo de menospreciar, humillar, amedrentar, restringir el libre ejercicio de su libertad y menoscabar su integridad física y psíquica», profirió diferentes insultos a la víctima.

A esto se unían amenazas como rociarla de gasolina y decirla que iba a prender fuego; ponerle bolsas de plástico por la cabeza manteniéndolas hasta que casi llegaba a perder el conocimiento o se caía al suelo por la falta de oxígeno; ponerle un cuchillo en la garganta, propinarle puñetazos, patadas, bofetadas, mordiscos o empujones. También le decía qué ropa se tenía que poner, la obligaba a mantener relaciones sexuales y le impedía tomar anticonceptivos, además de impedirla que tuviera contacto con sus familiares y amigos.

En abril de 2012, el acusado obligó a su pareja a acudir a una clínica para interrumpir el embarazo de 12 semanas de gestación del hijo en común que estaban esperando. «Bajo pretexto de que el niño que esperaba no era del acusado sino de un tercero o diciéndole que iba a engordar poniéndose inflada como una cerda, fue convenciendo a la denunciante para que accediese a su pretensión y abortarse», explica el fiscal, y añade: «Hasta tal punto llegaba la dominación del acusado que incluso ese mismo día llego a mantener relaciones sexuales con la denunciante pese a su grave deterioro físico y psíquico tras la interrupción voluntaria del embarazo».

La última agresión, que provocó que la presunta víctima cortara la relación, fue en agosto de 2012 cuando al pedirle que la llevara a casa de sus padres, el acusado le dio una paliza . Ese mismo mes se dictó un auto por el que se prohibía al acusado a acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, y comunicarse con la misma por cualquier medio.