Los guardias civiles retan a Rosell a llevar a los tribunales el incidente en el aeropuerto de Gando

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha calificado este jueves de "inadmisible" la conducta de la diputada de Podemos, Victoria Rosell, el pasado domingo en el aeropuerto de Gando (Gran Canaria), cuando protagonizó un incidente con un agente al negarse a identificarse en el control de seguridad.

La asociación espera "con sumo interés" que Rosell aporte pruebas de que el Instituto Armado ha redactado un parte inexacto, como ella misma ha asegurado públicamente e insta a la jueza en excedencia a denunciar en los tribunales el incidente.

Esta asociación defiende la actuación del agente, ya que considera que fue la "correcta", mientras que acusa a Rosell de "falta de conocimiento" de la seguridad en los aeropuertos y de adoptar una conducta que rayaba "el intrusismo profesional".

La Asociación Española de Guardias Civiles ha querido también recordar a Rosell, juez en excedencia, que "por el cargo que ocupa" debería conocer la legislación vigente en virtud de la cual "tiene la obligación de identificarse ante el requerimiento de la autoridad como cualquier otro ciudadano".

El juez pide amparo

El juez Salvador Alba, que sustituye a la actual diputada de Podemos Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando amparo al ver afectada su independencia por determinadas informaciones publicadas por el digital Canarias Ahora, según han confirmado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno d elos jueces.

Se da la circunstancia de que dicho medio de comunicación está vinculado a Carlos Sosa, pareja de Rosell, si bien no ha trascendido el contenido concreto de la citada petición al Consejo. El asunto será estudiado en una próxima reunión de la Comisión Permanente de este órgano.

La concesión de amparo a un juez está regulada en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial".

En este sentido, el artículo 319 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial señala que "se considerarán, entre otras, actuaciones inquietantes o perturbadoras" las declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios de comunicación que "objetivamente supongan un ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez" en cuestión .

El pasado 12 de febrero el promotor de la Acción Disciplinaria CGPJ archivó unas diligencias abiertas después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas denunciara que Rosell podría haber incurrido en una falta disciplinaria por retardar su actuación en una causa abierta por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.

Las pesquisas se iniciaron por la Fiscalía tras conocer que Ramírez había firmado un contrato con Sosa para la cesión de la frecuencia de una emisora de radio por 300.000 euros.

Además, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si admite o no a trámite una querella presentada por el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, contra la juez en excedencia Rosell por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.

Los tres últimos delitos se los atribuye el ministro a Rosell por presuntamente favorecer al empresario Ramírez mientras negociaba la decisión de la emisora antes citada. La Fiscalía considera que el ministro en funciones carece de legitimación para acusar en relación con estos hechos y ha solicitado el archivo de la querella.