El Ejecutivo regional pone reparos a la proposición de ley sobre los barrancos de Güímar

El Gobierno de Canarias acordó el pasado día 15 dar su conformidad para que se tome en consideración y se tramite la proposición de ley del Cabildo de Tenerife sobre la ordenación y restauración de los barrancos de Güímar. El «sí» del Ejecutivo regional no implica, sin embargo, la aceptación del texto; es más, el Gobierno que preside Fernando Clavijo pone una serie de reparos a la propuesta de la corporación insular y apunta la necesidad de estudiar alternativas.

Fue en el consejo celebrado el pasado jueves en que se decidió secundar la tramitación de la proposición de ley, que llegará así al Parlamento autonómico por segunda vez, aunque ahora sí con el tiempo suficiente para terminar su recorrido.

Ya en julio del año pasado aprobó el pleno del Cabildo, y por unanimidad, el texto de la propuesta, si bien la legislatura se cerró sin debatirlo. La corporación que dirige Carlos Alonso tuvo, por tanto, que reaprobar la iniciativa, a la que el ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario no ha puesto trabas en lo formal, aunque sí en el fondo. Tan es así, que tras su análisis concluyó que es preciso sopesar los pros y los contras de otras opciones: «Debemos considerar si la finalidad perseguida no se puede alcanzar utilizando otros medios».

El Cabildo tinerfeño intenta por medio de la proposición de ley recuperar esta zona del municipio sureño, y ello supone prohibir las actividades de extracción de áridos. Es precisamente en esto último donde convergen los reparos del Gobierno del Archipiélago, que recuerda que la caducidad «improcedente» de un derecho minero podría desembocar en un proceso de reclamación patrimonial. Y agrega: «Establecer la extinción sin indemnización del derecho minero existente haría que la comunidad autónoma incurriera en responsabilidad patrimonial por cuantías muy elevadas».

Son más de diez años los que los vecinos de Güímar, que se han constituido como asociación, llevan reclamando la restauración de los barrancos, que se han deteriorado a consecuencia de las actividades de extracción. El consejo de gobierno puntualiza en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, que está de acuerdo con las «mejoras ambientales y territoriales» en la zona, pero asimismo califica de «preocupante» la «falta de informes jurídicos» sobre una posible lesión de derechos que diera lugar a indemnizaciones. Además, el Ejecutivo de las Islas hace hincapié en que también falta el «pertinente» estudio económico sobre el plan de restauración que prevé la propuesta legislativa, al hilo de lo cual recuerda que la ley de economía sostenible exige que las disposiciones incluyan una valoración de sus repercusiones y efectos.

La cantera de la isla

Los barrancos de Güímar han sido durante decenios la particular cantera de la isla, de donde salía la mayor parte de los áridos con que se levantaron edificaciones de norte a sur de Tenerife. Cuando el Cabildo insular aprobó el texto de la iniciativa, desde el grupo de Podemos se llegó a hablar de «uno de los mayores atentados paisajísticos de Canarias» y el PSOE censuró la dejación de responsabilidades de las empresas en lo tocante a la regeneración del lugar. Una de las preocupaciones que han unido a toda la corporación tinerfeña es también la del daño al cauce de los barrancos, lo que conlleva un incremento del riesgo en los días de fuertes lluvias. Los agujeros que ha dejado en el terreno la extracción de materiales tienen en algunos casos una profundidad de más de 80 metros. «Hay que considerar, además, las dificultades que implicaría el relleno de los huecos mineros», advierte al respecto el ejecutivo de Clavijo.