El Tribunal Constitucional suspenderá la ley de transitoriedad jurídica catalana
El Gobierno recurrirá la norma de la ruptura, ya publicada en el Diario de Cataluña
Los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) suspenderán, previsiblemente en los próximos días, la ley de transitoriedad jurídica catalana, la norma que funcionaría como una especie de Constitución en una hipotética Cataluña independiente, según los planes del secesionismo.
El tribunal garante de la Constitución convocará un pleno para abordar esta cuestión cuando reciba el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana, que la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP sacó adelante el pasado jueves de madrugada, horas después de que el Constitucional suspendiera la ley del referéndum y apercibiera a los gobernantes catalanes. El recurso del Ejecutivo, que fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, no se presentó el pasado viernes, a la espera de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicara la ley. Este paso de la Generalitat llegó el viernes por la tarde, cuando el registro de entrada de escritos del Constitucional ya había cerrado, lo que impidió que el Gobierno actuara el mismo viernes.
La admisión a trámite del recurso del Gobierno por parte del TC –una cuestión que solo depende de la correción formal del recurso– provoca la suspensión automática de la norma recurrida, en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución , que otorga ese efecto a los recursos del Ejecutivo. Esa suspensión, sin embargo, no anticipa el desenlace de la decisión del tribunal garante, que en unos meses resolvería sobre el fondo del asunto y acordaría la constitucionalidad o no de la norma. La suspensión de esta regulación urge menos, puesto no entraría en vigor –siempre según los planes secesionistas– hasta después del 1 de octubre, la fecha prevista para celebrar el referéndum ilegal, y siempre que venciera la opción partidaria de la independencia catalana.
Transición
La ley recurrida, considerada la principal norma de la desconexión, regula un hipotético periodo transitorio hasta la eventual redacción de una Constitución catalana, y prevé la integración de los empleados públicos del Estado en el cuerpo funcionarial de Cataluña, entre otras medidas.
Los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP impusieron la aprobación de esta ley en el orden del día del pleno del Parlamento autonómico el pasado jueves, el mismo día en el que el TC bloqueó el proceso independentista al suspender la ley del referéndum y su convocatoria.
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