La juez desoye a la Fiscalía y deja libre a Trapero sin fianza
El exjefe de los Mossos revela reuniones previas al 1-O sobre el referéndum con Puigdemont y el exconsejero Forn
El Ministerio Público reclamó una fianza de 50.000 euros por la inactividad de los Mossos en la votación el 1-O
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad al antiguo jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero , que ha declarado este viernes por la pasividad del cuerpo autonómico en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La magistrada ha rechazado la petición de la Fiscalía, que solicitó para él una fianza de 50.000 euros, según han informado fuentes jurídicas.
La magistrada argumenta que estas medidas son «suficientes en este momento» para garantizar la disponibilidad de Trapero ante la Justicia. El mayor de los Mossos «viene cumplimiendo escrupulosamente» las obligaciones impuestas , alega la juez.
Aunque ahora se impute un nuevo delito de sedición a Trapero por el 1-O, Lamela explica que su responsabilidad por facilitar el referéndum ilegal ya estaba sobre la mesa de la investigación, «habiendo sido incluso interrogado sobre ello en la segunda declaración» que prestó el pasado 16 de octubre.
En la comparecencia de este viernes, Trapero ha revelado reuniones previas al 1-O sobre el propio referéndum con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , el exconsejero de Interior Joaquim Forn y otros mandos policiales, hasta ahora ocultas, según han informado fuentes fiscales.
La defensa de Trapero ha negado haber ocultado estos encuentros, que se produjeron el 26 y el 28 de septiembre, y en los que la cúpula de los Mossos mostró su preocupación por la seguridad de los ciudadanos en el referéndum. La abogada del mayor ha asegurado, de hecho, que solicitó por ello que los gobernantes catalanes testificaran en un escrito del 18 de diciembre, una petición que rechazó la juez, lo que demostraría que no escondió las reuniones. Trapero se ha desmarcado de la estrategia de los líderes secesionistas.
«Plan premeditado»
La declaración de hoy, que comenzó a las 9 de la mañana, es la tercera del exmayor ante la magistrada. El Ministerio Público consideraba suficiente en su petición que Trapero quedara libre y abonara la cantidad en el plazo de unos días, sin entrar en prisión, según fuentes consultadas.
Trapero ya tiene limitada su capacidad de movimientos. La magistrada acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España en su última declaración, el pasado 15 de octubre. Lamela consideró suficiente ambas medidas para evitar que el mayor entorpezca la investigación. En aquella ocasión, la Fiscalía solicitó la prisión sin condiciones.
Las pruebas acumuladas por los investigadores acorralan a Trapero, a quien sitúan en la dirección de «un plan premeditado» para facilitar la votación ilegal , a través de la inactividad de los agentes policiales, que la juez ubica dentro de la estrategia del independentismo para lograr la secesión por los cauces ilegales.
Sedición
«La finalidad inmediata de Trapero en los hechos descritos estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana , independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional», relató la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela , la investigadora de la causa contra Trapero, en el auto en el que le citó de nuevo a declarar. El testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositivo policial del 1-O, relató ante la juez que Trapero preparó una actuación de los Mossos insuficiente y que desoyó los avisos de que la mejorase.
En esa resolución, la magistrada imputó un nuevo delito de sedición a Trapero, por esa pasividad de los Mossos el 1-O. Hasta ese momento, el mayor se encontraba investigado por un solo delito de sedición, por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando una masa de manifestantes impidió la salida normal de la comitiva judicial, sin que los Mossos facilitasen su labor. La letrada de la administración de justicia tuvo que salir por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro, y tres vehículos oficiales fueron destrozados. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart , los instigadores de la moviliación, se encuentran en prisión preventiva.
El delito de sedición castiga con hasta quince años de prisión a aquellas autoridades que impidan por la fuerza, por medio de un alzamiento tumultuario, la labor de la justicia o los agentes policiales. La magistrada avanza en el último auto que no descarta imputar en el futuro organización criminal al mayor Trapero.
Trapero declaró en la Audiencia Nacional, por segunda vez, el pasado 15 de octubre y quedó libre con la prohibición de salir de España. La magistrada acordó esta medida cautelar, igual que la retirada del pasaporte , para asegurar la disponibilidad del mayor ante la justicia, pero rechazó encarcelarle, como solicitó la Fiscalía.
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