Vista de la fachada del Palau de la Generalitat de donde cuelga, junto a la bandera catalana, un cartel y un lazo amarillo reivindicando la libertad de los políticos - EFE

Torra desafía a la Junta Electoral y anuncia que no quitará lazos y «esteladas»

El Govern amenaza con una respuesta «combativa» a una orden «ridícula»

El TSJC apoya el veto a los símbolos partidistas en los edificios públicos

BarcelonaActualizado:

Es una «demanda ridícula». Así entiende la Generalitat de Cataluña en manos de Quim Torra el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) por el que las instituciones públicas deben mantener «la neutralidad política durante los procesos electorales» y, por lo tanto, le exige que retire todos los lazos amarillos, carteles políticos y banderas independentistas de «cualquier edificio público dependiente de la Generalitat». De esta manera respondió ayer Elsa Artadi, portavoz autonómica catalana y consejera de la Presidencia, al acuerdo de la JEC –a petición de Ciudadanos– y cuyo plazo para su cumplimiento finaliza hoy miércoles.

Además de considerar que la decisión de la JEC es «ridícula», Artadi también informó de que la asesoría jurídica de la Generalitat está trabajando en una «respuesta combativa» para evitar tener que cumplir lo ordenado por la JEC. «Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad», añadió la portavoz de la Generalitat, en alusión a dos palabras que los independentistas utilizan en sus pancartas para defender el procés.

Aunque los precedentes no dejan lugar a las dudas, parece, sin embargo, que la Generalitat agotará todos los recursos para, como mínimo, retrasar todo lo que pueda tener que acatar y cumplir el acuerdo cuyo número de expediente es el 293/840 y se dio a conocer este lunes. Así, todo indica que los símbolos partidistas podrían seguir durante toda la campaña electoral y judicializarse el caso, tal y como ocurrió con la que en 2015 era alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), y que acabó inhabilitada para el cargo en junio de 2018 por negarse a cumplir un acuerdo de la Junta Electoral, primero, que le obligaba a retirar una bandera estelada de la fachada del Ayuntamiento y, segundo, por los tribunales de Justicia por desobediencia.

Este es el camino más probable al que este martes apuntaban a ABC fuentes de la JEC: «La Junta Electoral Central no actúa de oficio ni fiscaliza que se cumplan sus acuerdos. Si le llegan denuncias por incumplimiento de estos acuerdos, las revisa y procede a enviar el caso a la Fiscalía, si considera que puede haber un delito penal; o incoa un expediente sancionador, si ve que podría tipificarse como delito electoral por, por ejemplo, propaganda electoral ilegal».

Sobre estas «denuncias» por el incumplimiento de un acuerdo de la JEC también hizo referencia, ayer, Inés Arrimadas, unas horas antes de que se cumpliera el plazo de 48 horas para que el presidente de la Generalitat retirase los símbolos partidistas de los espacios públicos que dependen la administración autonómica catalana. «Si Torra no los retira, se iniciará el procedimiento que viene después», indicó la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, sin concretar, eso sí, si este «procedimiento que viene después» es vía JEC o, directamente, vía Fiscalía.

«Neutralidad política»

En caso de que se acuda a la JEC, Torra y los altos cargos de la Generalitat que tengan responsabilidades en los edificios de titularidad autonómica se exponen a multas de 300 a 3.000 euros, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general (Loreg), y no les eximiría, además, de tener que dar explicaciones judiciales si tomase cartas en el asunto la Fiscalía.

A esta decisión de la JEC habrá que sumar, en breve, la que adopte la Junta Electoral de Zona de Barcelona (JEZ) pues Ciudadanos también elevó queja por el mismo motivo contra el Ayuntamiento de Barcelona, institución que mantiene en su balconada una pancarta con un gran lazo amarillo en solidaridad con los que el gobierno de Ada Colau considera que son «presos políticos». Según fuentes de la JEZ de Barcelona, ayer por la tarde todavía no habían recibido la denuncia del partido naranja. Está por ver, por lo tanto, qué ocurre a partir del mediodía de este miércoles que es cuando se cumple el plazo que la JEZ fijó para que Torra cumpla con «la neutralidad política» que las instituciones públicas deben mantener, sobre todo, «durante los procesos electorales».

Tampoco tiene duda de que estos símbolos partidistas deben retirarse el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos. Considera que la decisión de la Junta Electoral «es tan obvia que no debería siquiera ser necesaria porque ese es el estado normal de las cosas; los edificios públicos no son espacios para los posicionamientos ideológicos». Lo dijo ayer a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa.

Josep Borrell

Sin mucho margen de maniobra ejecutiva pero sí de iniciativa, el Gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, Josep Borrell, advirtió a Torra de que el Estado cuenta con «instrumentos» para que se cumpla la orden de la JEC. «La Junta dice que choca con la neutralidad del periodo electoral, creo que choca con la neutralidad de todos los periodos. Espero que cumpla sino el Estado tiene instrumentos para velar que se cumpla», dijo en declaraciones a la cadena SER.

Sobre estas palabras, fuentes del Ministerio del Interior no quisieron avanzar en qué consisten esos «instrumentos» mencionados por Borrell –«faltan 24 horas, no se pueden adelantar acontecimientos», previnieron– aunque asumieron por completo el aviso del titular de Exteriores. «Efectivamente, el Estado tiente todos los mecanismos para hacer respetar la ley y la hará respetar», zanjaron a la espera de que hoy se cumpla el plazo marcado por la JEC. Y añadieron, «cuando llegue el momento se sabrá».

Igualmente, ABC se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, desde donde la Oficina de Información Diplomática rehusó despejar la incógnita indicando que no hacen «comentarios sobre las declaraciones del ministro», informa Laura López Caro.