Así es el sistema judicial en otros países
Los corresponsales de ABC analizan la situación de la Justicia en Italia, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña
Francia
Por Juan Pedro Quiñonero, París . En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) es el «órgano constitucional encargado de asistir al Presidente de la República en la tarea de garantizar la independencia de la autoridad judicial…».
La sala competente sobre los jueces está integrada por 5 jueces, 1 fiscal, 1 consejero de Estado, tres miembros nombrados por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea nacional y el Senado.
La sala competente sobre los fiscales está integrada por 5 fiscales, 1 juez, un consejero de Estado elegido por el Consejo de Estado y tres miembros nombrados por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea nacional y el Senado.
Las distintas instancias y tribunales del Estado hacen proposiciones al jefe del Estado que hace los nombramientos por decreto.
Los presidentes y miembros de los tribunales de gran instancia y apelación, entre otros, entretienen complejas relaciones con el gobierno de turno, a través del ministerio de Justicia, siempre sensible a la tentación de eventuales arbitrajes políticos.
El CSM y el sistema judicial francés fueron modificados significativamente en 1993 y 2008, recortando significativamente algunas posibilidades de «intrusión» o «presión» del poder político sobre las más altas instancias judiciales del Estado.
Sin duda, ocasionalmente, existen sospechas reales o presumidas de presión política en las más altas instancias de la judicatura. Sin embargo, la complejidad bizantina de los nombramientos de los miembros del CSM permite asegurar una independencia considerable al poder judicial francés, no exento de críticas y decisiones no siempre ecuménicas, pero siempre o casi siempre bastante o totalmente independientes.
Durante las presidencias de François Mitterrand (1981 - 1995) y Jacques Chirac (1995 - 2007), se sospechó con o sin fundamentos de las presiones políticas sobre el poder judicial. Tras las reformas de 1993 y 2008, el poder judicial reafirmó su vocación independiente durante las presidencias de Nicolas Sarkozy (2007 y 2012) y François Hollande (2012 - 2017).
Estados Unidos
Por Javier Ansorena, Nueva York. El equilibrio de poderes que busca el sistema democrático estadounidense afecta también a la rama judicial. En el país hay dos niveles de justicia: la estatal y la federal. En el primero, cada estado decide cómo se elige a sus jueces y, siendo un país diverso, sus sistemas también lo son: van desde la elección popular al nombramiento por parte de los gobernadores con el refrendo de los órganos legislativos estatales . En el nivel federal, superior en la jerarquía judicial, los nombramientos de jueces corresponden al presidente de EE.UU. para los tres escalones federales: juzgados de distrito federales (como el que este otoño procesa al narco mexicano Joaquín Guzmán, ‘el Chapo’), juzgados de apelación y Tribunal Supremo, el sumo intérprete de la constitución. Para compensar el poder del presidente -en menos de dos años, Trump ha podido elegir a dos magistrados del Supremo-, sus nominados deben ser confirmados por el Senado de EE.UU.
Y, para compensar el poder del presidente y del Senado en la elección de jueces, estos conservan su cargo de por vida, en los tres niveles judiciales federales. La independencia judicial la confiere el hecho de que, con independencia de sus sentencias y de la orientación ideológica de la Casa Blanca y del Senado, el juez no perderá su toga: solo se le puede expulsar por ofensas graves mediante un ‘impeachment’ o juicio legislativo. En la actualidad, dos de los jueces del Supremo tienen más de ochenta años.
Así, existe el riesgo de que cuando un partido domina la Casa Blanca y el Senado, como ha ocurrido en los últimos años, el Supremo quede dominado por jueces conservadores o progresistas. Pero la historia muestra que el nombramiento de por vida permite que el juez actúe con mayor independencia: por ejemplo, Earl Warren, juez conservador nombrado por Dwight Eisenhower fue un líder progresista de la corte. Y John Roberts, elegido por el también republicano George Bush, fue quien permitió que sobreviviera la polémica reforma sanitaria de Barack Obama.
Reino Unido
Por Iván Alonso, Londres . En Reino Unido el sistema judicial se sustenta sobre el recientemente creado Tribunal Supremo británico (Supreme Court of the United Kingdom). Este organismo se formó en 2005 tras una reforma que trasladaba el poder judicial desde la Cámara de los Lores. Esta corte está compuesta por el presidente, el vicepresidente, y 10 jueces. No existe un mandato limitado, pero pueden ser destituidos por el Parlamento. Como todos los jueces de Reino Unido, estos magistrados están obligados a retirarse a los 70 años si ocuparon un cargo judicial antes del 31 de marzo de 1995, o a los 75 si lo hicieron después.
Sin embargo, la forma de elección es diferente en este modelo anglosajón. Casi todos los jueces son nombrados por la Reina a propuesta del Primer Ministro o de la importante figura del Lord Canciller que actualmente es también el ministro de Justicia, David Gauke.
Una comisión judicial elige a los candidatos, que han tenido que dedicarse al derecho durante 25 años, y superar unas evaluaciones. Esta, la llamada Comisión de Nombramientos Judiciales (Judicial Appointments Commission), está formada por 15 miembros, 5 de los cuales son jueces profesionales. En su proceso de selección se incluye una entrevista personal y varias pruebas prácticas y se tiene en cuenta la reputación y capacidades intelectuales y comunicativas del candidato.
Cada juez sabe que la designación para el cargo lo es hasta el momento de su jubilación , quedando excluido, en principio, la posibilidad de la vuelta a la práctica profesional privada del abogado que ha sido nombrado juez. Por tanto, no hay opción de las llamadas «puertas giratorias».
Por eso, a pesar de que las funciones de control del poder judicial las ejerce el Gobierno, los expertos subrayan que en la cultura anglosajona está muy arraigado el precepto de independencia, aunque la independencia está garantizada y recogida en la Constitución, las afinidades políticas existen.
Eso si, Reino Unido tiene muy diversificado el poder judicial entre sus cuatro grandes regiones. Tanto Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propios sistemas legales con diferentes leyes, organización y práctica.
Alemania
Por Rosalía Sánchez, Berlín . En Alemania no existe un órgano de gobierno autónomo judicial como el CGPJ, algunas de sus funciones las asumen aquí los Ministerios de Justicia de los Bundesländer o el gobierno Federal. Por el contrario, el Tribunal Constitucional alemán está considerado como el tribunal con más capacidad de intervención del mundo, puesto que puede anular cualquier legislación o sentencia emitida por otro tribunal. No está concebido como un tribunal de apelación sino como una autoridad judicial supervisora por encima de la ley. Sus ocho jueces son elegidos por las dos cámaras de representación parlamentaria, el Bundestag y el Bundesrat, cadenas de legitimación que conducen hasta el pueblo mismo.
El Ministerio Federal de Justicia elabora dos listas, una con los nombres de jueces federales que cumplan los requisitos y otra con nombres propuestos por un grupo parlamentario del Bundestag, por el Gobierno Federal o por un Gobierno regional. Ambas listas sirven a la preparación de la elección y han de ser actualizadas constantemente y presentadas a los presidentes del Bundestag y del Bundesrat no más tarde de una semana antes de la elección.
En el Bundestag, un total de doce compromisarios, según la regla de la representación proporcional, realiza la elección indirecta. Cada grupo parlamentario tiene derecho a presentar una lista de candidatos a compromisarios; son admisibles listas comunes de distintos grupos parlamentarios . Los diputados sólo pueden votar una lista, no a personas concretas. Los compromisarios son elegidos para todo el período electoral y su mandato no decae. No están sometidos a instrucciones; el de mayor antigüedad convoca a la sesión, que por su propia naturaleza ha de ser secreta, y la dirige hasta que se haya procedido a la elección de todos los magistrados. Para ser elegido magistrado se necesitan por lo menos ocho votos y, en general, los partidos políticos tienen interés en designar para ese prestigioso grupo de compromisarios a políticos relevantes.
En el caso del Bundesrat, el pleno en elección directa vota la lista cerrada propuesta por una comisión en la cual están representados todos los Länder, siempre que esas propuestas hayan sido aceptadas por los portavoces de esos grandes partidos políticos, todo ello según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Desde la segunda elección de presidente, rige un acuerdo tácito entre los grandes partidos políticos, de modo que el más fuerte propone al presidente y el segundo a vicepresidente.
Italia
Por Ángel Gómez Fuentes, Roma . Italia tiene un modelo mixto para elegir el Consejo Superior de la Magistratura (CSM): Sus componentes son designados en parte por las asociaciones de jueces y en parte por el parlamento. Es una elección no exenta de duras luchas entre las diversas corrientes de la magistratura, hasta el punto de que a veces en la campaña electoral para el CSM se habla de «guerra de las togas». La Constitución italiana establece el Consejo Superior de la Magistratura como órgano de autogobierno con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia de los jueces de los otros poderes del Estado, en particular del ejecutivo. Está compuesto por 27 miembros y presidido, con carácter sobre todo simbólico, por el presidente de la República que participa por derecho, así como el Primer Presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general de este alto tribunal.
Los otros 24 componentes, que permanecen en el cargo durante cuatro años, son elegidos en sus dos terceras partes por todos los magistrados que pertenecen a las diversas corrientes de la magistratura; el tercio restante (ocho, que son llamados «laicos») lo elige el Parlamento entre profesores universitarios de materias jurídicas y abogados que ejercitan la profesión al menos durante 15 años. La presencia de estos ocho «laicos» tiene especial significación: Los padres de la Constitución los impusieron para evitar que la magistratura y su órgano de autogobierno se convirtieran en una especie de casta celosa en preservar sus privilegios.
Suelen ser frecuentes las tensiones entre el Consejo Superior de la Magistratura y el mundo político, sobre todo cuando algunos políticos atacan duramente a los jueces. Así ocurrió especialmente durante los gobiernos de Silvio Berlusconi, al que le gustaba subrayar: «Yo he sido elegido por el pueblo». Lo mismo repite ahora el vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la Liga: «Yo soy un órgano del Estado por votación y elegido por el pueblo, no como los magistrados».
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