El nuevo CGPJ progresista renovará la sala del Supremo que juzga a los aforados

El próximo Consejo General del Poder Judicial, de mayoría progresista, tendá que renovar varias plazas en una sala estratégica del Supremo, la Sala Segunda, encargada de instruir y juzgar las causas abiertas a los aforados. Además de la presidencia, que queda vacante tras la salida de Manuel Marchena -y que se tendría que haber renovado de igual forma al haber transcurrido cinco años desde su elección-, estarían pendientes de cubrir las que hoy ocupan Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro . Los tres magistrados se jubilan el año que viene.

Será un órgano de gobierno de los jueces integrado por once vocales propuestos por el PSOE y nueve propuestos por el PP los que llevarán a cabo estos nombramientos, en los que las mayorías juegan un papel clave. El propio candidato a presidir el Tribunal Supremo , Manuel Marchena, fue elegido en 2014 para la presidencia de esa Sala Penal con doce votos frente a los siete y uno que obtuvieron respectivamente Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero . Para ello Marchena contó con los votos de los vocales propuestos por el PP, uno de CiU y el del propio presidente, Carlos Lesmes.

No es la renovación parcial de la Sala Segunda del Supremo, en la que ahora gana la sensibilidad conservadora, la única que tendrá que afrontar el Consejo. En los próximos cinco años también deberá llevar a cabo nombramientos en jefaturas de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y otras salas del Alto Tribunal. De ahí que la presidencia del Consejo sea una pieza clave en el engranaje del Poder Judicial y el interés del PP en dejarla en manos de un magistrado solvente, dialogante y respetado en la carrera. Aunque para ello tuviera que renunciar a uno de los vocales inicialmente previstos en la negociación (se iban a repartir de forma equilibrada) y aceptar como vocal al juez ponente de la sentencia de Gürtel que en cierto modo aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa, José Ricardo de Prada.

Los populares consideran que la profesionalidad, experiencia en gestión y capacidad de generar consensos que caracterizan el perfil de Marchena estén por encima de las mayorías en el Consejo, que empezará su andadura con la modificación de la ley orgánica que lo regula ya en vigor. Su aprobación, prevista para dentro de unas tres semanas, implicará la vuelta al CGPJ anterior a la reforma de Gallardón: a grandes rasgos, un modelo menos presidencialista y más colegiado, con vocales con dedicación exclusiva (ahora sólo la tenían los siete de la Comisión Permanente), un Pleno que recupera sus atribuciones, la exigencia de motivación en el mérito de los candidatos elegidos para ocupar altos cargos judiciales y vocales más próximos a la realidad de las comunidades autónomas.

Los plazos para la renovación del órgano transcurren conforme a lo previsto: el Congreso elegirá a sus diez candidatos el jueves 22 de noviembre, mientras que el Senado lo hará probablemente en un pleno extraordinario el lunes 3 de diciembre, un día antes de que el actual CGPJ cumpla su mandato. Antes, los ocho vocales de procedencia no judicial serán examinados por la Comisión de Justicia de la Cámara correspondiente.

Mientras desde el PP ya dan por seleccionados a todos sus candidatos (tres juristas y seis jueces), Podemos sigue presionando al PSOE para que le ceda alguna de las seis plazas reservadas a juristas. A día de hoy dos de ellas todavía estarían «bailando» por cuanto se las disputan los jueces Inmaculada Montalbán, Íñigo Diéguez, Victoria Rosell y Fernando Andreu. Sobre la inclusión de la primera, exdiputada de Podemos, no hay mucho convencimiento en el Ejecutivo; delúltimo hay cierto temor a que sobre su persona exploten nuevas grabaciones del excomisario Villarejo.