Sánchez ofrece a Cataluña más de 500 millones extra cada año
Es la inversión adicional que pretende garantizarle, a costa del resto de regiones
El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a dar a Cataluña más de 500 millones de euros extra cada año en forma de inversiones estatales. Es, de media, a lo que ascendería el trato que anteayer anunció a la Generalitat la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Dijo que el Ejecutivo central está decidido a aumentar la inversión en Cataluña con una fórmula específica para esta región : que la asignación anual sea proporcional al peso de Cataluña en el PIB nacional -actualmente, el 19,2%-. Batet, al dar cuenta de esa oferta, no dio cifras. Pero, con los datos presupuestarios en la mano, la oferta se cuenta por cientos de millones cada año. Y eso que Cataluña ya aparece, sistemáticamente, en el grupo de regiones con más inversión estatal efectiva.
Para cuantificar las palabras de Batet, la cuenta se puede hacer de dos formas: por inversión presupuestada -la previsión anual recogida a modo de previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)- o por inversión ejecutada, el dinero que realmente acaba invirtiéndose cada año en cada territorio -porque no todo lo que se anuncia en los presupuestos se cumple-.
Tomando como referencia los PGE del quinquenio 2012-2017, el compromiso comunicado por Batet habría supuesto asignar a Cataluña una media de 760 millones más cada año . Si la cuenta se hace sobre la inversión realmente ejecutada, ese arreglo le habría asegurado a Cataluña una media de 507 millones más cada año en el último trienio 2015-2017. En resumen: con la fórmula de Batet, la Generalitat se garantizará anualmente, como mínimo, más de 500 millones de euros adicionales en inversión efectiva del Estado.
Un privilegio añadido
Lo de asegurar a Cataluña unas inversiones proporcionales a su peso en el PIB español es una aspiración nacionalista que viene de lejos. Quedó recogida en una de las disposiciones adicionales del controvertido «Estatut», pero el Tribunal Constitucional la tumbó por entender que no era jurídicamente asumible . No podía ser una condición de obligado cumplimiento para el Estado, porque -se argumentó- una región no puede limitar la competencia estatal de ordenar el presupuesto nacional que, entre otras cosas, es una pieza clave para la solidaridad y la cohesión interterritorial. Ahora, el Gobierno de Sánchez está por la labor de aplicar de facto esa fórmula que en su día censuró el Constitucional.
Este arreglo bilateral colocaría a Cataluña en una reforzada posición de privilegio respecto al resto de autonomías. De una parte, porque ese dinero extra tendría que llegar a Cataluña a costa de detraerlo de las inversiones del resto de España , o bien con una dotación adicional exclusiva para Cataluña. Y, de otra parte, porque usar el PIB como criterio de reparto le sale muy ventajoso frente a otras fórmulas. Baste un ejemplo: Cataluña supone el 19,2% del PIB español, pero solo el 6,3% del territorio nacional .
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