Los procesos por yihadismo aumentan en España un 13% en 2017
Según indica la Fiscalía en su memoria del curso judicial, pese al desarme de ETA continúan registrándose actos de «violencia callejera» susceptibles de ser atribuidos al entorno de la banda
La actividad terrorista durante el curso judicial de 2017 ha venido marcada por la matanza yihadista del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La Audiencia Nacional sigue, por el momento, avanzando en la investigación para esclarecer la masacre que acabó con la vida de 16 personas en Las Ramblas y que posteriormente fue reivindicada por el Estado Islámico. El nuevo ciclo judicial empieza y en los próximos meses los acusados, integrantes de la célula yihadista de Ripoll, serán condenados por terrorismo.
El balance de la investigación del terrorismo de 2017 se sitúa en 326 procesos sobre terrorismo. De estos, la Audiencia Nacional ha registrado que 191 de los juicios –lo que supone el 58,5%– son por yihadismo , es decir, más de la mitad. Luego, le siguen los procesos atribuidos a ETA con un total de 100 pleitos.
Según la memoria judicial de este curso elaborada por la Fiscalía, existe una tendencia en auge sobre amenazas a España en los comunicados tanto de Al Qaeda como de DAESH. Las dos organizaciones terroristas no sólo buscan disputarse el liderazgo internacional del terror sino también vengarse de la Europa Occidental y recuperar el territorio histórico de Al Ándalus que se encontraba en la península ibérica.
De hecho, los juicios por yihadismo en el país han aumentado progresivamente en los últimos años. En 2015 fueron 169, en 2016 aumentaron a 173 y este último año el resultado han sido 191. Una cifra que supone un crecimiento del 13% en procesos por terrorismo islámico en tan sólo tres años.
Además, de los 45 escritos de acusación que dictó la Audiencia Nacional este año, 25 son por este tipo de terrorismo , 17 por ETA, 2 por apología al terrorismo y 1 por terrorismo gallego.
En este contexto, el nivel de alerta antiterrorista en España está situado actualmente en el Nivel 4 (riesgo alto) sobre 5 (muy alto), según el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (PPPA). Interior lo ordenó así el 4 de junio de 2015 y tras la masacre de Barcelona se acordó mantener la cota con medidas reforzadas en las zonas turístas y de más afluencia por ser espacios en los que los atacantes están llamados a atentar. Y, también, por ser espacios en los que estadísticamente más atentados se cometen.
ETA se va, pero la «violencia» no
El Ministerio Público también destaca de este año el desarme ETA. El pasado 8 de abril de 2017 los pistoleros escenificaron su disolución en la localidad francesa de Bayona con una «entrega unilateral» de armas y explosivos, y la revelación de siete zulos donde tenían su arsenal.
Sin embargo, según sugiere la Fiscalía, generar esta situación de la «organización desarmada» puede ser la baza perfecta para que los pistoleros la usen en su propio beneficio respecto a la situación de los etarras y presos huidos. La memoria del curso judicial de este año revela que en 2015 fueron 176 los juicios contra ETA, en 2016 disminuyeron a 142 y este año la cifra desciende a 89.
En paralelo, el análisis de la Fiscalía indica que «en el ambito de la denominada «violencia callejera» (Kale borroka) continúan registrándose actos de sabotajes de naturaleza diversa, susceptibles de ser atribuidos a grupos del entorno de la banda terrorista».
De hecho, el mediático caso de Alsasua , la brutal agresión a dos guardias civiles y sus novias el 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra fue señalado por los peritos de la Benémerita como parte de la estrategia que ETA dictó para acosar a las autoridades del Estado. Aunque finalmente la Audiencia no vió delitos de terrorismo en sus actos y les condenó por delitos de odio.
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