El PP pide a la Junta Electoral que se suspendan las ruedas de prensa de los «decretazos»

El Partido Popular ha presentado una reclamación ante la Junta Electoral Central contra el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros por consideran que incumplen y vulneran la normativa electoral, «al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos decretos leyes de marcado contenido político y social. En ese sentido, pide que se suspendan las ruedas de prensa de lo que el Gobierno socialista ha llamado «viernes sociales» en La Moncloa.

En el escrito, firmado por el diputado Juan Carlos Vera , se subraya que esa difusión de decretos leyes «van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores de cara a las próximas elecciones generales.

Los populares recuerdan en su reclamación que la ley Electoral establece que desde la convocatoria de elecciones y hasta su celebración queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos». Algo que se debe a la obligado neutralidad electoral que se exige a los poderes públicos.

El PP entiende que esta campaña de decretazos por parte del Gobierno tiene un claro «tinte electoralista» y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores ante los comicios del 28 de abril.

Los populares piden a la Junta Electoral que se tomen las medidas necesarias para suspender, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros «en lo que se refiere a estas medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos decretos-leyes y cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean, que se quiera dar de la aprobación de los mismos, ya que es un acto prohibido por la ley Electoral».

Además, el PP solicita que se aperciba al Gobierno de la Nación sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, conforme lo establecido en la ley Electoral: «Toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».