Albert Rivera, Pedro Sánchez y pablo Iglesias durante un debate en 2015
Albert Rivera, Pedro Sánchez y pablo Iglesias durante un debate en 2015 - EFE

El PP cree que obligar a hacer primarias no es constitucional

PSOE, Podemos y Ciudadanos defienden que si las paga el Estado el gasto global será menor

MadridActualizado:

En una legislatura de frágiles mayorías y de alianzas cambiantes, la entente de Ciudadanos con el PSOE y Podemos no es ni mucho menos algo que pueda considerarse puntual o anecdótico. En el campo de las reformas institucionales o la regeneración democrática la formación de Albert Rivera no ha dudado en mostrar una mayor sintonía con las fuerzas de izquierda. Esta semana, en la comisión de la calidad democrática las tres formaciones se unieron para aprobar un informe en la subcomisión que estudia reformas en el régimen y la financiación de los partidos políticos. Un documento de 75 puntos en el que se apuesta entre muchas otras reformas por que los procesos de primarias sean obligatorias para los partidos políticos y que se debería establecer «un procedimiento singularizado de financiación pública».

El PP denuncia en primer término la«humillación parlamentaria» que ha supuesto que las tres formaciones acordasen una resolución sin debatirla con el resto de grupos. El enfado también es mayúsculo en PNV y PDECat, tras casi un año de trabajo y cuando aseguran que se había acordado prorrogar los trabajos de la subcomisión. Hasta 45 puntos se habían debatido ya y que en 22 había acuerdo. Esas medidas están integradas en el documento aprobado por los tres partidos.

Pero más allá del procedimiento, en el PP cuestionan que se plantee que la celebración de las primarias sea una obligación para todos los partidos. La portavoz popular en esta subcomisión, Beatriz Escudero, defiende que el artículo 6 de la Constitución ampara la autonomía organizativa de los partidos: «Supone un intervencionismo tremendo. Nos genera dudas de constitucionalidad», asegura. Pero los defensores de las primarias utilizan el mismo pretexto constitucional para defender su propuesta.

El PP recuerda que el artículo referido a los partidos políticos plantea que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley». Los otros tres partidos recuerdan la frase que sigue: «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Los populares cuestionan que las primarias sean el único elemento de democracia interna. «Nosotros hablamos de formas de participación democrática. ¿Por qué es mejor su modelo que el nuestro?», indica Escudero.

Costeados por el erario público

La portavoz popular cuestiona también que esos procesos tengan que ser costeados por el erario público. El texto recoge que estos procesos deberán atenderse «mediante un procedimiento singularizado de financiación pública». El PP va a presentar un texto como voto particular que avanzará en la idea de caminar hacia un sistema mixto para incorporar las aportaciones privadas de forma transparente. También se estudia proponer exenciones en el IRPF a personas que aporten dinero a los partidos políticos, como sucede ahora con organizaciones no gubernamentales.

Desde los partidos firmantes se especifica que el coste de estos procesos respecto a las subvenciones que reciben los partidos es muy pequeño. Insisten en que la idea «no es recibir una subvención específica, sino que de ella se tenga que dedicar una parte a democracia interna». Justifican además que unificando los procesos de subvenciones y homegenizándolos, especialmente en el ámbito local, y regulando el mailing en las campañas electorales o las microdonaciones «se puede ahorrar mucho más». Lo cierto es que en el documento pactado por los tres partidos, queda claro la ambición de que sea un práctica reglamentada y extendida a todas las formaciones, pero todas las afirmaciones al respecto se hacen con carácter condicional. «Las elecciones primarias deberían realizarse, al menos, para las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a las corporaciones locales con una determinada población» o «se trata de un mecanismo que, si se configura como una obligación legal para los partidos y se aplica con las debidas garantías, puede generar un notable incremento de la participación y de la transparencia en las organizaciones». Fuentes de los tres partidos firmantes insisten en el carácter de recomendación y «aspiración» a modo de «principios generales» .

El desarrollo legislativo de esta cuestión es muy incierto. Lo aprobado es un informe de recomendaciones. La próxima semana será votado nuevamente en el seno de la subcomisión, y previsiblemente se aprobará de nuevo gracias a la suma de los tres firmantes. Pero el PP va a llevar también su voto particular. Posteriormente esto se votará en un Pleno del Congreso, como recomendaciones de la subcomisión. Y ahí termina su recorrido. Nada entra en vigor. En ese momento cada grupo impulsará las iniciativas legislativas que considere. Una mayoría PSOE, Podemos y Cs sería suficiente para modificar la ley de partidos y la de financiación de partidos, a las que afectan estos cambios. Los tres han planteado darle recorrido legislativo a esta cuestión, pero la tramitación puede ser larga. En el PP temen que los tres grupos se alíen, pero a la vez reconocen que será difícil que puedan ponerse de acuerdo en una proposición de ley tan claramente como en este informe.