Podemos y los aliados de Sánchez se oponen a reformar la euroorden

El Parlamento Europeo aprobó ayer con la abstención de Vox y el voto en contra de Podemos una propuesta de reforma de la euroorden para que incluya nuevos delitos en la lista de los que se tramitan automáticamente, entre ellos el de atentado contra el orden constitucional de un Estado miembro con el uso de la violencia. El autor de la iniciativa ha sido el eurodiputado popular español Javier Zarzalejos , a quien ha apoyado el grupo liberal con Maite Pagazaurtundua . El PSOE ha votado también a favor. La iniciativa tiene todavía ante sí un largo camino para llegar a convertirse en legislación europea, pero un respaldo parlamentario de esta contundencia es la mejor manera de hacer que pueda llegar a ser realidad. El resultado de la votación, en cualquier caso, no deja dudas sobre el interés de esta iniciativa, que fue aprobada por 444 votos frente a 139 noes y 106 abstenciones.

El profugo Carles Puigdemont   y los otros exconsejeros que ocupan escaños en la eurocámara mientras esperan el levantamiento de su inmunidad, han votado en contra, igual que los de Podemos. Los portavoces de esta última formación en el Parlamento Europeo han explicado que no han querido sumarse a esta iniciativa porque «ha sido redactada con el único objetivo de saltarse la legislación belga y extraditar a Puigdemont y sus consellers , es decir, una reforma «ad hoc» por un caso español para hacer política en España. Además, creemos que la reforma que propone el PP sería un instrumento que abriría una puerta peligrosa porque la extradición automática sólo puede darse, como hasta ahora, en casos muy determinados en los que el delito concreto aparece tipificado de forma concreta en los códigos penales del país emisor y el país receptor de la orden». Los eurodiputados de Vox se han abstenido. También lo ha hecho la representante del PNV, Izaskun Bilbao, a pesar de formar parte del grupo liberal que ha apoyado el texto.

El autor de la iniciativa considera sin embargo que la entrega de personas reclamadas por la justicia de un estado miembro debe ser la norma y no la excepción «para evitar que los responsables de esos delitos puedan gozar de impunidad si se trasladan a otro país europeo».

La propuesta pasará ahora a la Comisión Europea, que la puede convertir en una proposición legislativa que habrán de aprobar los gobiernos nacionales en el Consejo. El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, manifestó cierta simpatía con esta idea, teniendo en cuenta que la reglamentación de la euroorden data de 2002, cuando los miembros de la UE decidieron sustituir al tradicional procedimiento de extradición a instancias del Gobierno español. En general, el ejecutivo comunitario ha sostenido que el mecanismo ha probado hasta ahora su eficacia, pero, al inicio de esta Comisión, Ciudadanos pidió a Ryenders que se comprometiese a estudiar esta reforma. En otoño pasado, este lo prometió por escrito diciendo que, «a la luz de la evaluación de su cumplimiento, también consideraré seriamente si presentar una propuesta para revisar la euroorden».

La propuesta aprobada ayer incluye, entre otras ideas, añadir 10 delitos a la lista actual de 32 que no requieren el control de la doble incriminación por parte de un juez del país donde se encuentre la persona reclamada, lo que permite su entrega automática entre dos países de la UE. Entre estos 10 tipos de delitos que hay que añadir se incluye el ataque a la integridad constitucional de un Estado que implique el uso de la violencia; los delitos contra el orden público; los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; crímenes que representen violencia contra la mujer; la evasión fiscal; o graves crímenes ecológicos. Algunos de estos delitos no tenían la consideración que tienen ahora cuando empezó a ponerse en marcha la idea de la euroorden, cuando la principal preocupación para países como España era la lucha contra ETA.

Zarzalejos considera que después de 16 años de aplicación de este mecanismo, «las nuevas formas de delincuencia organizada, la criminalidad en internet, la movilidad de personas dentro del espacio Schengen y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el estado de derecho nos obligan a avanzar hacia un sistema de cooperación más ambicioso».