ERC se pliega al Constitucional y desata el enfrentamiento con JpC y la CUP
Torrent «aplaza» el pleno de investidura de Puigdemont, en la primera ocasión en que los republicanos no se someten a JpC
ERC dijo ayer basta. Roger Torrent, en tanto que presidente del Parlamento de Cataluña, decidió «aplazar» el pleno de investidura de Carles Puigdemont , previsto para el mediodía, y se acogió al plazo de diez días que el Tribunal Constitucional (TC) abrió a las partes tras la impugnación del Gobierno para que se posicionen sobre su admisión a trámite. Aunque Torrent -en una comparecencia sin consensuar previamente con Junts per Catalunya y la CUP- cargó duramente contra el Gobierno y el Alto Tribunal -«una decisión política ad hoc»-, el presidente parlamentario desestimaba, en realidad, la conocida como «vía Forcadell» ; es decir, se ajustaba a las medidas cautelares establecidas por el TC (si Puigdemont quiere ser presidente de la Generalitat tiene que hacerlo desde el hemiciclo y con autorización previa del Tribunal Supremo) y desataba una auténtica «guerra civil» dentro del movimiento independentista.
De nada sirvió que Torrent mantuviera -y mantenga- la apuesta por Puigdemont y que defienda su investidura, pero, eso sí, «efectiva y con garantías». De nada sirvió que Torrent llamase a Puigdemont «varias veces» antes de su comparecencia pública . El expresidente no le cogió el teléfono. Tampoco sirvió que desde ERC se reiterara, una y otra vez, que su «candidato» seguía -y sigue- siendo Puigdemont. No importó nada de todo esto. Junts per Catalunya (JpC) llegó al Parlament con la idea de investir a Puigdemont, sin que éste estuviera presente y, por lo tanto, contraviniendo las medidas impuestas por el TC, y Eduard Pujol, portavoz adjunto de JpC, dispuesto a leer, en su nombre, el proyecto de gobierno -aunque todavía no tienen cerrado con ERC y la CUP los puntos claves-. No pudo ser.
La decisión de Torrent le acarreó durísimas críticas de JpC y la CUP. Guerra abierta. Pujol aseguró que le habían gustado las formas pero no el fondo de lo defendido por Torrent y amagó con presentar a sus diputados en el hemiciclo para forzar el debate . La foto se la llevó la CUP. A las 15.00 horas sus cuatro diputados se sentaron en sus escaños. Tras la imagen, la realidad. Se levantaron y se fueron.
A partir de entonces, la presión sobre Torrent no hizo más que aumentar y JpC y la CUP recordaron, incluso, que «la gente» estaba a las puertas del parque de la Ciudadela, convocados por la ANC y los CDR. Pero no cambió nada. No hubo pleno. Todo sigue donde estaba, pero con el frente soberanista quebrado. Al final de la tarde, Puigdemont lanzó un mensaje de vídeo en el que, a la vez que clamaba por la unidad, reprochaba a ERC su «falta de realismo». Por si había dudas, remachó: «No hay otro candidato posible».
Satisfacción
Mientras tanto, en Madrid, el TC frustraba el último intento «in extremis» de JpC por investir a Puigdemont de forma telemática. Los magistrados rechazaron las alegaciones que los diputados independentistas presentaron la noche del lunes. El sábado, el TC había condicionado su celebración a la presencia física de Puigdemont.
En el auto dictado ayer, los magistrados niegan que hayan vulnerado la autonomía parlamentaria de los diputados al suspender un hipotético pleno telemático, por sustitución o presencial sin autorización del juez. Señalan que tuvieron que adoptar esa medida cautelar -antes de resolver sobre la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno- porque si se hubiera celebrado un pleno que no fuera presencial, el recurso del Gobierno habría perdido su objeto. De ahí que hubiera que actuar con urgencia.
Las alegaciones que ayer desestimó el TC se referían exclusivamente a las medidas cautelares , y no a la admisión del recurso del Ejecutivo. Para ese trámite los magistrados dieron a las partes diez días para sus alegaciones.
Por su parte, en La Moncloa siguieron en alerta la jornada, ante una posible desobediencia o aparición de Puigdemont. A primera hora, en TVE, el presidente Rajoy advirtió a Torrent de que una desobediencia tendría «consecuencias y responsabilidades» . Una vez confirmado el aplazamiento del pleno, el Gobierno atribuyó el paso atrás a «la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales». En el equipo de Rajoy no se ocultó la satisfacción: se había «respetado la ley».
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