Pedro Sánchez durante la foto oficial de su Gobierno
Pedro Sánchez durante la foto oficial de su Gobierno - EFE

El plan de Sánchez ante Cataluña: Recursos, memoria histórica y reforma de la Constitución

La Declaración de Barcelona, acordada el pasado año entre el PSOE y el PSC, es el guión que el nuevo Gobierno plantea sobre Cataluña

MadridActualizado:

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de avanzar en la reforma de la Constitución, a la que puso voz la nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, forma parte del ADN del PSOE desde el año 2013, cuando los socialistas, dirigidos entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobaron la Declaración de Granada. El pasado verano los socialistas reforzaron su planteamiento con la Declaración de Barcelona, un documento conjunto entre la Ejecutiva federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC.

Desde el Gobierno se destaca que esos principios son a día de hoy las «líneas básicas» de su propuesta para restablecer el diálogo con la Generalitat de Cataluña. Un documento en el que no solo se apuesta por la reforma de la Carta Magna, sino por el desarrollo del Estatuto de Autonomía en aquellas partes que fueron declaradas inconstitucionales. En total son siete puntos los que los socialistas proponen para alcanzar un acuerdo

Reforma de la Constitución

Los socialistas defienden que España necesita una «reforma profunda de la Constitución». En el documento que define la propuesta socialista se apuesta por «la transformación de España en un Estado plenamente federal». Y se justifica que con ello se estaría respondiendo «a los anhelos de cambio de una mayoría de catalanes, así como de una mayoría de españoles».

El planteamiento que hacen PSOE y PSC es que esa reforma constitucional deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes temas: «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña; unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional; un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas; y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial de las Comunidades Autónomas facilitando así su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal».

Desarrollo del Estatut

El Gobierno defiende que la Sentencia del Tribunal Constitucional anuló partes del Estatuto de Cataluña «más por cuestiones legales de forma que de fondo». Y en ese sentido la propuesta socialista defiende que «existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo–que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña». La más importante sería la que plantea una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para habilitar lo que el Estatut preveía y el TC anuló respecto a la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña y configurar como una instancia independiente del propio Consejo General del Poder Judicial.

Financiación autonómica

Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de poner en marcha lo que le demandaba a Mariano Rajoy: «Impulsar a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera una mesa de negociación política que busque el acuerdo sobre un sistema de financiación». La idea básica de los socialistas es que las comunidades tienen que tener más ingresos para financiar los gastos en Educación y Sanidad.

Infraestructuras clave. Blindar la inversión

La propuesta socialista contempla recuperar el nivel de inversión del Estado en Cataluña, mediante la prórroga de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto, que garantiza que los Presupuestos Generales del Estado destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de Cataluña en el PIB.

Entre estas infraestructuras se habla de la mejora de la red de ferrocarriles. Por ejemplo finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa conectando los puertos de Tarragona y Barcelona.

Lengua, cultura y símbolos

Los socialistas asumen en su propuesta que «gran parte de la insatisfacción existente en Cataluña se deriva de la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia». A este respecto se ponen varias medidas encima de la mesa: aprobar una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España; culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado; asegurar la presencia de Cataluña y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO; resolver cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación del juicio de Lluís Companys.

En este campo también se incluye la apuesta por avanzar en la reforma de la Ley de Memoria Histórica para «la anulación procesos y sentencias o resoluciones dictadas por órganos penales o administrativos del franquismo por razones ideológicas, políticas o de creencias».

Las demandas de Puigdemont

Los socialistas se muestran dispuestos a negociar la lista de 46 demandas que Carles Puigdemont presentó a Mariano Rajoy en abril de 2016. De esa lista los socialistas solo rechazan debatir sobre el referéndum. Entre ellas están muchas de las citadas antes en materia de infraestructuras, pero también destaca «el respeto al modelo de escuela catalana» o la descentralización del 0,7% del IRPF.

Barcelona

Se pretende reforzar la importancia «estratégica y simbólica» de Barcelona. «Urge impulsar decididamente la cooperación del Estado con la ciudad de Barcelona para que pueda ejercer también su liderazgo como gran capital catalana, española y europea y sede de la Unión por el Mediterráneo. Barcelona debe albergar también otros organismos de ámbito estatal», reza el texto. En el pasado el PSOE defendió trasladar el Senado a Barcelona como forma de potenciar el concepto de «capitalidad» de la ciudad condal. También plantea promover la ubicación en Barcelona del Tribunal Marítimo Internacional.