La presidenta del tribunal, Samantha Romero,
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, - EFE

Los peritos discrepan acerca de si los convenios suscritos por Nóos se ajustaban o no a la legalidad

Un técnico ha reiterado que la entidad que dirigieron Torres y Urdangarín no justificó debidamente los ingresos recibidos

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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El juicio del caso Nóos se ha reanudado este martes con la comparecencia de los primeros peritos que a lo largo de estos días declararán en la vista oral. En esta jornada, han declarado seis técnicos de la Intervención General del Estado. De sus respectivos testimonios, ha podido evidenciarse que existen discrepancias entre ellos acerca de si los convenios de colaboración suscritos por el Instituto Nóos se ajustaban o no a la legalidad. En la sesión de este martes, ha habido peritos propuestos sólo por el Ministerio Público, otros recomendados al mismo tiempo por la Fiscalía y por las defensas, y uno propuesto únicamente por Iñaki Urdangarín.

El primer perito en comparecer ha hecho referencia al informe que realizó el 28 diciembre de 2012 para valorar los convenios suscritos por Nóos con fundaciones y entidades públicas de Valencia y de Baleares para la realización de los eventos conocidos como Valencia Summit e Illes Balears Fórum.

Según su testimonio, los convenios examinados «se ajustan a la denominación que se les atribuye formalmente a cada uno de ellos». Dicho perito ha sido el que ha comparecido a propuesta de Urdangarín.

El siguiente técnico en declarar ha indicado que el 26 de mayo de 2014 realizó un informe sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que fue una de las dos entidades que subvencionaron las tres ediciones del Valencia Summit. Según ha explicado este perito, la citada fundación era una «persona jurídica de derecho privado» de acuerdo a la legislación vigente, por tanto, habría estado capacitada para suscribir un convenio de patrocinio con Nóos.

«Las justificaciones no alcanzan las sumas»

El tercer perito que ha comparecido ha señalado que, en su momento, se le pidió un informe sobre los dos convenios suscritos entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear para los Illes Balears Fórum. A su juicio, ambos convenios estaban sometidos a la ley de contratos, por lo que no podían acogerse a la fórmula del convenio de colaboración.

A continuación, ha declarado el técnico que el 26 de enero de 2012 elaboró un informe para valorar los justificantes presentados por Nóos para acreditar la pertinencia del dinero recibido. En opinión de este perito, «los justificantes no alcanzan las sumas que habían recibido, con lo cual no se justificarían todos los ingresos».

Dicho técnico ha recordado que examinó más de 6.000 justificantes. «Muchos de ellos no estaban reflejados en la contabilidad que yo recibí», ha dicho. En esa misma línea, ha indicado que además le llamó la atención el hecho de que Nóos utilizase «empresas propias» para organizar los foros de Valencia y de Palma.

En ese contexto, ha señalado que el 70 por cien del dinero recibido en el marco de los Illes Balears Fórum habría sido facturado por las sociedades del entramado de Nóos.

Por su parte, el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, le ha pedido a dicho perito si tuvo conocimiento de las facturas que su cliente entregó con posterioridad al citado informe de enero de 2012, en concreto en 2013. El técnico ha reconocido que no conocía esos nuevos documentos.

«Jurídicamente todo se aguanta»

Los dos últimos peritos en comparecer han hecho referencia a los informes que realizaron el 17 de octubre de 2011 y el 15 de noviembre de 2011 sobre los convenios suscritos para los Illes Balears Fórum. Según ambos técnicos, en este caso debería haberse utilizado la ley de contratos. «El convenio de colaboración no es la forma jurídica ajustada», ha señalado uno de estos peritos, ya que se trataría de un contrato de asistencia técnica o de servicios. «Este convenio de colaboración no tenía ninguna razón de ser», ha indicado en respuesta a una pregunta hecha por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

Ha sido este último perito quien a lo largo de su comparecencia ha hecho más críticas a los convenios suscritos por Nóos. Así, por ejemplo, ha considerado «chocante» que una entidad reciba dinero «por no hacer nada». Sobre los términos concretos en que fueron suscritos dichos convenios, este técnico ha afirmado que «jurídicamente todo se aguanta». En relación a si era necesaria la existencia de expedientes administrativos previos a la firma de los citados acuerdos, ha ironizado indicando que «hasta en El Corte Inglés tienen un manual de compras». Por último, ha dicho que en estos casos «no existe el hágase», en velada alusión al expresidente balear Jaume Matas.

Las mayores discrepancias entre los distintos peritos se han dado a la hora de determinar si en su momento Nóos estaba suscribiendo convenios con administraciones públicas o, en cambio, con entidades públicas sujetas al derecho privado. En ese contexto, ha sido también objeto de debate la jurisprudencia existente hasta ahora y el cambio de la normativa que se produjo a partir de 2008 a la hora de suscribir convenios.

A lo largo de la sesión de este martes ha habido diversos momentos de tensión entre varias de las defensas y algunos de los peritos que han comparecido. Esa circunstancia se ha dado sobre todo cuando han formulado sus preguntas el abogado de Torres y también el abogado de Alfonso Grau, Jesús Bonet.

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