Marruecos empieza a liderar poco a poco el rescate de pateras en el Mediterráneo
Unido a la vigilancia de sus costas, es clave en la caída de la inmigración. Malestar en la flota de Salvamento Marítimo, que se cree relegada
Que Salvamento Marítimo está rescatando cada vez menos pateras en el Mediterráneo y que Marruecos lo está haciendo cada vez más es hoy un hecho. Rabat lo está dejando traslucir haciendo públicas cada vez con mayor frecuencia, aunque sin periodicidad fija, cifras concretas, como las relativas al pasado domingo 4 de agosto, cuando sus medios oficiales aseguraron que la Marina Real había socorrido en el mar a 424 inmigrantes que se encontraban en varias «embarcaciones neumáticas a la deriva». En el mismo día, los recursos españoles localizaron y trasladaron a nuestros puertos en total a 31 personas.
No es un caso único. El fin de semana del 6 al 7 de julio la diferencia fue de 271 interceptados por los guardacostas marroquíes frente a los 189 que –según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)– llegaron a España. El país vecino también ha informado de que tan solo en la noche del 25 al 26 del mismo mes recuperaron de infraembarcaciones a «297 subsahararianos» , aunque es cierto que la cuenta española en esas fechas fue más alta, 461 salvamentos, pero en el conjunto de las 48 horas.
Rabat no especifica en qué aguas opera y fuentes consultadas indican que, por supuesto, en las de su jurisdicción, como exigen la ley y los acuerdos ante los que se ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo y que ahora se van a cumplir. Pero el sindicato mayoritario en la flota de Salvamento Marítimo, CGT, ha denunciado que en los últimos meses han acudido varias veces a auxiliar pateras y, en plena aproximación, han recibido de sus superiores «orden de mantenerse cerca, pero sin actuar», para que lo hiciera a su llegada ua patrullera marroquí. Sostienen que ha sucedido en zona de responsabilidad conjunta (latitud 35° 50’N a 36° 00’N aproximadamente), pero también en aguas territoriales españolas, como en el mar de Alborán el 5 de julio, cuando un buque marroquí les «obligó» a dejar una operación de socorro para hacerse ellos cargo de 11 inmigrantes que trasladaron a sus puertos.
En respuesta a ello, Salvamento Marítimo ha explicado a ABC que ofrecen «colaboración y apoyo cuando Marruecos está efectuando un rescate, pero en ningún caso se custodia una patera a la espera de la llegada de las patrulleras marroquíes». Asimismo, indican que sus «procedimientos no han cambiado» y niegan estar cediendo a Rabat la prioridad en el socorro de embarcaciones. «Desde hace meses, Marruecos está asumiendo activamente las funciones de salvamento en su zona (zona SAR, de búsqueda y salvamento). Cuando recibimos una alerta de una patera en su zona SAR se lo trasladamos, ahora igual que antes, y ahora asumen la responsabilidad de la emergencia», indican por escrito a este diario.
Colaboración a fondo
Tradicionalmente hermético, el régimen de Mohammed VI no facilita aún cifras mensuales de sus rescates en el Mediterráneo que permitan contrastar de forma global y objetiva una evolución de su actividad en el Mediterráneo. Citando como fuente al funcionario de enlace en materia migratoria con Marruecos, un documento de la Comisión Europa al que ha tenido acceso ABC sí señala que la Marina Real alauí auxilió hasta el 15 de junio a 3.847 personas, aunque se trata de un número incompleto puesto que deja fuera intervenciones de otras unidades como las de su Gendarmería.
Más allá, el mismo funcionario traslada a Bruselas otra estadística clave, la que indica a cuántos inmigrante s han impedido las fuerzas de Rabat lanzarse al mar: 42.148 hasta el 2 de julio, 7.268 de ellos marroquíes y 34.880 de otros países. En 2018 fueron 88.761, una cantidad muy por encima de los 57.498 que entraron en España por mar en ese año (64.298 si se añaden las incursiones por tierra)
Lograr esta colaboración a fondo del país vecino en el freno de los flujos migratorios que atraviesan o tienen origen en su territorio rumbo a Europa es, sin la menor duda, la tecla pulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha hecho posible que la inmigración irregular que llega a España por vía marítima haya bajado –contra todo pronóstico– un 40,7% respecto al año pasado, según cifras del Ministerio del Interior. No solo se reconoce así en el Ejecutivo, sino que la UE, en sus últimos informes de difusión limitada sobre la situación de las migraciones y los refugiados subraya que la creciente implicación marroquí «en la interceptación de barcos en sus aguas territoriales y el control de redes de tráfico humano ha permitido una significativa reducción de la presión migratoria sobre las costas españolas en comparación con 2018».
El precio
Esa colaboración de Rabat tiene un precio, como no podía ser de otro modo vistos precedentes como el acuerdo de Bruselas con Turquía en 2015 para contener la crisis de los refugiados (3.000 millones) y habida cuenta de que la llegada de miles de subsaharianos candidatos a la inmigración está exigiendo a Marruecos esfuerzos financieros y humanos en muchos ámbitos . Uno fundamental, el que afecta a la impermeabilización de su frontera sur y otro, el que requiere la vigilancia extraordinaria de su litoral mediterráneo para impedir la salida de pateras, ya mencionada.
Si la UE ha entendido que tiene que pagar por esta labor, ha determinado la cifra de 140 millones y va cumpliendo compromisos es gracias al empeño del Gobierno y su insistencia en que la ayuda a Marruecos se solidifique en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión. De ello es buen conocedor el régimen del país vecino, que está viendo satisfechas muchas de sus demandas, de modo que las relaciones bilaterales, en suma, pasan por uno de sus mejores momentos.
Del total, 70 millones son para equipamiento. El Consejo de Ministro aprobó en julio la licitación para la compra –que tardará en materializarse más de un año– de 384 vehículos de control fronterizo para Marruecos. La factura es de 40 millones, no de dinero español, sino europeo y gestionado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). En paralelo, el International Center for Migratory Policy Development (ICMPD), con sede en Viena, hace lo propio con materiales valorados en 30 millones, que incluyen adquisición de drones.
Los otros 70 millones son en concepto de apoyo presupuestario directo a Rabat, de los que ya se han abonado 30 en diciembre y 30 en julio.
Los resultados de este reforzado entendimiento no son discutibles en términos cuantitativos. Como tampoco lo es el efecto disuasorio que a medio y largo plazo pueda tener entre los aspirantes a la inmigración ilegal el saber que su singladura por el Mediterráneo puede terminar sistemáticamente en la vuelta a un puerto marroquí, que no europeo. Otra cosa es el trato que puedan recibir estas personas, sobre lo que la UE ya ha llamado la atención al advertir que la infraestructura en Marruecos para acogerles es «claramente insuficiente».
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