El Partido Popular afronta tres de los mayores procesos judiciales actuales. A la trama Gürtel y a la Púnica se ha sumado el pasado mes de abril la operación Lezo, que acabó con Ignacio González, expresidente de la comunidad de Madrid, en prisión preventiva y sin fianza. A su alrededor y según se investiga en la Audiencia Nacional, se forjó un entramado corrupto entre empresarios y políticos afines que buscaban el beneficio propio. Algunos nombres, como el del exgerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez, se repiten entre las listas de investigados (antes llamados también imputados).
La investigación más reciente de todas, la de la operación Lezo, cuenta de momento con seis piezas separadas y solo en una de ellas (la que indaga presuntas contrataciones irregulares en la empresa pública Mercasa) no está imputado el expresidente madrileño.
De momento, la investigación cuenta con 13.000 folios, 68 investigados y 51 personas citadas a declarar (que lo harán del 18 de septiembre al 31 de octubre de 2017).
La primera causa de Lezo indaga en la trama iberoamericana y es la pieza principal. Hay 19 imputados e investiga los hechos referentes a la expansión en Iberoamérica del Canal de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa y Emissao. En la segunda, la referida al Canal golf, están imputadas ocho personas, entre ellas el hermano y el cuñado de González. Aquí el juez trata de dilucidar presuntas irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada al campo de golf de Chamberí, construido en terrenos del Canal de Isabel II (obligado a una demolición total tras una sentencia del TSJM de 2016).
La tercera de las causas hace referencia al tren de Navalcarnero. Investiga presuntas irregularidades en su adjudicación y hay siete personas investigadas. La cuarta es la referente a la presunta financiación irregular del PP de Madrid y hay diez imputados, entre ellos el exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, también encausado en Gürtel y Púnica. En la quinta causa se investiga el blanqueo de capitales y aquí están investigados varios miembros de la familia de Ignacio González: su mujer, sus dos sobrinas y su hermano, en total 13 personas sobre las que pesan delitos de blanqueo. La última de las piezas de la investigación busca irregularidades en contrataciones vinculadas a Mercasa.
Un informe de la Policía sostiene que el PP gastaba en las campañas más dinero del declarado ante la Cámara de Cuentas, para lo que recurrió a una caja B, manejada por Francisco Granados, entonces secretario general, y por Beltrán Gutiérrez. Se investiga si esta contabilidad paralela podría haber ayudado a financiar con cinco millones de euros hasta tres campañas del PP (incluida la de las generales de 2008).
La investigación de la Púnica, por su parte, está dividida en 14 piezas: desde la Diputación de León a la de Murcia, las empresas Cofely y Waiter Music o la causa separada de la financiación ilegal del PP de Madrid. El 27 de octubre de 2014 fueron detenidas unas cincuenta personas (políticos, empresarios, funcionarios) y desde entonces se han ido conociendo más implicados, hasta llegar a los cien. Las fiscales del caso califican esta trama como «una organización criminal» en la que concurren «todos los criterios identificados en los análisis de delincuencia organizada grave».
En el centro de la organización se sitúa el cabecilla, el exalcalde de Valdemoro y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y muy cerca de él los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro. La investigación ha acarreado las dimisiones de varios miembros de la Asamblea de Madrid como Lucía Figar (exconsejera de Educación), Salvador Victoria (exconsejero de Presidencia) o Daniel Ortiz. José Martínez Nicolás está investigado por la adjudicación irregular de un contrato a Indra y haber realizado varios pagos a De Pedro.
Aunque ya está juzgada la trama valenciana en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, actualmente la sede en Alcalá de Henares de la Audiencia Nacional investiga la denominada primera etapa de Gürtel: las supuestas irregularidades cometidas entre los años 1999 y 2005 en unas regiones concretas (las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y la ciudad de Madrid). Un total de 37 personas, incluido Luis Bárcenas, están siendo juzgadas.
El TSJV condenó a 13 años de prisión a los tres cabecillas de la trama: a Francisco Correa, a Álvaro Pérez (conocido como «El Bigotes») y a Pablo Crespo (exsecretario de organización del PP gallego). Ahora esperan también ser juzgados por la Audiencia Nacional por la denominada «primera etapa».
Aquí, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se enfrenta a una pena de 43 años de prisión por, presuntamente recibir una comisión de casi 700.000 euros de la empresa Sufi y por encargar eventos a la empresa de Correa por los que también recibía su comisión correspondiente. Él era encargado de dar instrucciones sobre cómo hacer para facturar los eventos, a nombre de quién hacerlo, etc. En Lezo está investigado por las contrataciones en Mercasa.
Por su parte, Luis Bárcenas, uno de los rostros más mediáticos de toda la operación, está investigado por ocultar fondos millonarios en Suiza, blanqueo de capitales, falsedad documental.... Con él se conecta Beltrán Gutiérrez, al que le fue incautada documentación en su domicilio sobre las cuentas del Partido Popular y el matrimonio Bárcenas.
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