El juez Velasco deja los casos Púnica y Lezo al ascender a la Sala de Apelaciones

El juez Eloy Velasco abandona su labor investigadora sin cerrar dos causas que han levantado todas las alfombras del Partido Popular de Madrid, los casos Púnica y Lezo, en los que la Justicia trata de acreditar una financiación irregular en la formación regional. Estas dos causas, aún en fase de investigación, han llevado a prisión a dos ex altos cargos del PP madrileño -Francisco Granados e Ignacio González- y su eco ha provocado la dimisión definitiva de Esperanza Aguirre.

Los pasos del juez, que también se llevó por delante al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez al pedir su imputación, han marcado la agenda política hasta el último momento: esta semana ha trascendido que la Guardia Civil colocó sobre su mesa varios informes en los que atribuía dos delitos a Cristina Cifuentes, una sospecha que deberá descartar o avalar el futuro sustituto de Velasco, quien ahora asciende a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Ayer se entregaron a las partes personadas en la trama Púnica dos tomos más del sumario cuyo secreto se ha levantado recientemente. Entre la documentación hay un informe de la UCO, al que accedió ABC, que amplía las sospechas contra Cifuentes por la adjudicación del restaurante de la Asamblea de Madrid al entonces presidente de la patronal de Madrid, Arturo Fernández, en 2009 y 2011. Se trata de un documento de fecha 27 de marzo de 2017 que amplía el informe presentado al juez el 1 de marzo. Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que la actual presidenta madrileña «tuvo que ser directa partícipe y conocedora» de que el contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco estaba amañado. Para sustentar esta hipótesis, la UCO relata que Isaac Arturo Zubiri, miembro del comité de expertos de la Asamblea que valoraba las ofertas, «faltó a la verdad a la hora de elaborar el Informe de valoración de las ofertas, y no tuvo en consideración la oferta presentada por la empresa CLECE S.A. asignándole a la misma cero puntos en dos criterios de adjudicación bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna». A continuación, los agentes aseveran que de esta circunstancia «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos - María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz-, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores». Además, el informe de la UCO recuerda que Cifuentes firmó de su puño y letra las «valoraciones otorgadas a las empresas licitadoras».

Fecha: 1 de junio

El magistrado abandona estos casos al dejar de ser el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, desde el que pasará a ocupar una plaza en la nueva Sala de Apelaciones del mismo tribunal. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó ayer a Velasco una de las dos plazas de esta Sala, junto al también juez de la Audiencia Nacional Enrique López, hasta ahora en la Sala de lo Penal. Velasco y López solicitaron el traslado y se han impuesto a otros 31 magistrados, que todavía pueden recurrir la decisión del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces.

El cese de Velasco se producirá al día siguiente de que el Boletín Oficial del Estado publique que ha obtenido su nueva plaza, un nombramiento que puede materializarse antes del 1 de junio, el día en el que entra en funcionamiento la Sala de Apelaciones. Para que la Sala de Apelaciones esté operativa dicho día, lo previsible es que el traslado de Velasco se publique antes. En ese caso y mientras llega su sucesor, la juez Carmen Lamela -titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional- se haría cargo de sus investigacione s.

La Comisión Permanente del CGPJ otorgó las plazas de Velasco y López por mayoría de seis votos contra dos. El órgano de autogobierno de los jueces se guió por el informe emitido por el Gabinete Técnico, que consideró a ambos jueces «especialistas» en la jurisidicción penal, al interpretar una sentencia del Tribunal Supremo sobre las normas para otorgar las plazas. Los técnicos consideraron a ambos magistrados «especialistas» porque accedieron a la condición de magistrados al superar «las pruebas selectivas de civil y penal», un criterio que les ha aupado por delante de candidatos con mejor número de escalafón. Si estos magistrados recurren la decisión, la última palabra recaerá en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, un paso que no paralizaría mientras el traslado.

Al mismo tiempo, el CGPJ anunció ayer la convocatoria por la que la actual plaza de Velasco en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se ofrece en un concurso, que se resolverá en algo más de un mes, según fuentes jurídicas. El magistrado que tomará el relevo de Velasco en las causas de corrupción se elegirá por un concurso reglado, en función de la antigüedad de los candidatos.

La labor judicial -y el día a día- de Velasco cambia de la noche al día. La Sala de Apelaciones de la que pasará a formar parte se dedicará a resolver recursos contra las decisiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, incluidas las sentencias.