El sumario de la operación Lezo camina hacia su división en seis piezas separadas

La investigación del caso Lezo es de una enorme complejidad técnica, como lo demuestra los diferentes criterios que ha habido sobre algunas cuestiones entre el primer juez instructor, la Sala de lo Penal, el fiscal jefe Anticorrupción o los fiscales del caso. En este momento el debate se centra en si se sigue investigando la causa de forma conjunta o, como parece más probable, se abren seis piezas separadas. La gran incógnita es si el instructor mantendrá como hasta ahora la acusación de organización criminal, al menos en alguna de esas piezas. De no hacerlo, alguna de ellas incluso podría acabar en los juzgados ordinarios.

El primer gran debate técnico que se planteó, como informó ayer ABC, fue en noviembre de 2016.

Se centró en la compra de Inassa por parte del Canal y la duda era si esa operación debía ser investigada en el marco del sumario del caso Lezo o bien se abría uno diferente solo para ese asunto. Los fiscales del caso, CarlosYáñez y Carmen García Cerdá, eran partidarios de la segunda opción, entre otras razones porque lo contrario dificultaba mucho la investigación. El entonces juez instructor, Alejandro Abascal, opinaba lo contrario y dictó un auto en ese sentido. Fue recurrido por los fiscales ante la Sala de lo Penal.

Conversaciones técnicas

Abascal, antes de hacer ese auto, hizo un profundo estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo -de hecho cita profusamente varias sentencias en esa resolución, entre ellas una de la Sala Segunda- consciente de que el debate de la conexidad entre hechos es siempre complicado. El magistrado, por supuesto sin desvelar ni uno solo de los detalles del caso, que estaba y está bajo secreto de sumario, mantuvo asimismo conversaciones con algún compañero únicamente sobre aspectos técnicos para conocer distintos puntos de vista.

Este tipo de conversaciones entre magistrados son habituales, y más cuando alguno lleva una causa, como ésta, especialmente delicada. En ellas no se analiza el caso concreto, del que no se dan detalles, pero en cambio son útiles para formar mejor criterio.

En el caso Lezo, por ejemplo, se hicieron también consultas de esta naturaleza en relación a si los micrófonos ambientales podían estar un tiempo colocados y solo activarse cuando se tuviera conocimiento de que iba a haber una reunión, o por el contrario había que instalarlos y retirarlos con cada cita, lo que complicaba enormemente el trabajo de los investigadores. Como en el debate de la conexidad, en esas charlas no se hizo la menor alusión a las investigaciones.

Lo cierto es que en enero -Abascal dejó el caso el 28 de diciembre- la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a los primeros. Manuel Moix, posteriormente, días antes de la operación, insistió a los fiscales en que había que separar todo lo relacionado con la compra de Inassa, a los que éstos se opusieron, entre otras razones porque una decisión así hubiese provocado una pérdida de información muy valiosa. Tras oír a la junta de fiscales Anticorrupción, su responsable cambió de criterio.

El nuevo debate jurídico abierto ahora es si hay que abrir piezas separadas del caso . Según ha podido saber ABC, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene decidido, por una parte, levantar esta semana el secreto de sumario y por otra, dividir el procedimiento en seis piezas.

Las escuchas, la clave

Los fiscales del caso siempre han mantenido que había que instruir el sumario en su conjunto, pues consideran que estamos ante las actividades delictivas de una organización criminal liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Precisamente eso es lo que da unidad a todas las investigaciones.

Para sostener la acusación de organización criminal son fundamentales las escuchas ya que, según los investigadores, se ve que hay una coordinación entre los implicados. Sin embargo, el jefe de Anticorrupción cree que no se dan los requisitos para mantener ese cargo y en una entrevista de radio calificó las escuchas de «conversaciones entre particulares» que quizá habría que sacar de la causa.

Los defensores de esta postura sostienen que al principio de esta investigación -y así lo asumió el juez instructor-, sí aparecían indicios de organización criminal, pero que con el paso del tiempo se han ido desvaneciendo. Explican que no se aprecia una estructura como tal, sino solo que González se sirve de unos y de otros en función de cuál es su objetivo.

Aquellos que consideran que hay una organización criminal aducen que las escuchas demuestran que todos obedecían las órdenes de González y cada uno de los demás jugaba su papel, que el grupo se mantuvo en el tiempo en un ámbito territorial concreto, que actuaban para conseguir beneficios económicos y, muy importante también, que tenía capacidad para influir en determinados ámbitos de las instituciones para obtener ventajas.

Para los investigados la retirada de la acusación de organización criminal sería su primera gran noticia, ya que las expectativas de condena se reducirían. Si Velasco, como afirman las fuentes consultadas, abre seis piezas separadas lo lógico es que los fiscales Anticorrupción recurran la decisión... siempre que su jefe, Manuel Moix, se lo autorice. Si no lo hace, podría volver a llevar a sus subordinados a acogerse al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal.