El juez Eloy Velasco dejará de investigar las causas de corrupción de Púnica y Lezo en junio

El juez Eloy Velasco abandonará en junio su labor de investigador en la Audiencia Nacional y dejará de instruir las grandes causas de corrupción que ha dirigido hasta ahora, como la trama Púnica y la Lezo, que han desvelado numerosas irregularidades en administraciones del Partido Popular de Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano que regula el gobierno de los jueces, ha otorgado a Velasco una de las dos plazas de la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, junto al magistrado Enrique López.

La Comisión Permanente del CGPJ ha otorgado estas dos plazas por mayoría, sin unanimidad, de acuerdo al informe emitido por el Gabinete Técnico, que ha valorado la condición de especialistas de los dos jueces en la jurisdicción penal, según han informado fuentes jurídicas.

Eloy Velasco y Enrique López, que debutarán en su nueva plaza el uno de junio, fueron dos de los 33 jueces que solicitaron estas plazas.

A la vez, la Comisión Permanente ha anunciado la convocatoria para suplir la vacante que dejará Velasco en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ahora entra a concurso.

Esta plaza, desde la que el nuevo magistrado continuará indagando en las tramas de corrupción Púnica y Lezo o en la que anidó en la empresa pública de aguas Acuamed, se adjudicará por el mecanismo previsto en el artículo 355 bis.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La Sala de Apelaciones, el nuevo destino de Velasco, resolverá recursos interpuestos contra las decisiones de la Sala de lo Penal del tribunal.

Esta decisión, que se hará efectiva al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puede ser recurrida por razones técnicas por los magistrados que se han quedado sin la plaza. Aun en ese caso, en el que la palabra final la tendría la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el traslado no se paraliza.

Según el artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisidiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostentan la condición de especialista», ha explicado el CGPJ en una nota.