Cifuentes: «El informe son juicios de valor sin ningún fundamento jurídico»

«Soy una persona absolutamente honesta; no tengo bienes, mi cuenta corriente tiene cuatro ceros, o igual tres; reto a quien diga lo contrario que lo demuestre». Con toda rotundidad, y después de que se hiciera público que el juez Velasco descartaba investigar su papel en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid a una empresa del grupo Arturo Fernández, Cristina Cifuentes se defendía de las irregularidades que apuntaba un informe de la UCO que solicitaba investigarla. «Ese informe son juicios de valor sin fundamento jurídico alguno», señalaba.

Cifuentes aseguró haber actuado «conforme a la legalidad». Defendió en todo momento el papel del juez Velasco, y su : «Tengo gran confianza en la justicia, quiero que lleguen hasta el final».

No ocultó su sospecha de que exista una intencionalidad tras las acusaciones: «Me preocupa por el descrédito a las instituciones y al PP; es mucha casualidad que esto salga el día en que Podemos anuncia una moción de censura» contra ella. Insistió en que quien intente «manchar» su nombre la va a tener enfrente porque en «política no vale todo».

Fuentes jurídicas del Gobierno regional aclararon que la adjudicación puesta en duda «no responde a ninguna decisión individual, sino que es un proceso reglado, en el que intervienen tres órganos colegiados de manera sucesiva» y en la que participaron «miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria».

Rivera se mira en Murcia

Cristina Cifuentes añadió que «no hubo arbitrariedad, ni indicación; se hizo lo que los informes técnicos señalaron». También aclaró que dejó su cargo de vocal en Fundescam en el año 2008, antes de realizarse esta operación.

A primera hora de la tarde de ayer en Ciudadanos reconocían que no se esperaban el informe de la UCO que vinculaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.

Al igual que sucedía en la Región de Murcia, donde Pedro Antonio Sánchez se vio obligado a dimitir como presidente regional tras ser imputado, el PP depende en la Comunidad de Madrid de los diputados de Ciudadanos. Y al igual que allí, en la formación centrista están satisfechos de cómo está evolucionando el pacto de investidura con los populares. Por eso desde el primer momento se estableció una estrategia de emergencia para afrontar el nuevo escenario consistente en calcar su proceder en la crisis murciana. Y esa estrategia tiene dos vertientes. En primer lugar, tratar de dimensionar el caso como un asunto regional. Aunque se reconoce la dificultad de este planteamiento, ya que ni siquiera con Murcia se logró del todo, y Cifuentes tiene una proyección política y mediática a nivel nacional más potente que la del ex presidente murciano.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, logró en primer término su objetivo al remitir a los periodistas a la convocatoria de prensa que Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea de Madrid. Mientras PSOE y Podemos ya le reclamaban que retirase su apoyo a Cifuentes, Aguado pidió «prudencia» y se limitó a solicitar explicaciones en sede parlamentaria: «Pedimos respuestas y por eso vamos a pedir su comparecencia urgente en esta comisión (sobre la corrupción) para escuchar su versión acerca de lo que está pasando en la Comunidad».

Y el segundo punto de la estrategia es ceñirse a la literalidad del pacto de investidura, que como en la Región de Murcia exige la «separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política». Es decir, Ciudadanos no pedirá la dimisión de Cifuentes hasta que no la cite a declarar como investigada la instancia que es competente para juzgarla, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Llegado el caso, aseguró Aguado, «no le temblará el pulso», para solicitar su dimisión. Albert Rivera no pudo evitar que el caso reclamase su valoración. Al término del pleno celebrado ayer en el Congreso de los diputados señaló que desde el punto de vista político «ya es grave» que un informe de la investigación la implique: «Tiene que dar la cara, no se puede esconder».