Pedro Antonio SánchezUn presidente rehén de su propia promesa

Aunque el pacto en la Región de Murcia entre PP y Ciudadanos «estaba funcionando bien», en palabras del propio Albert Rivera ayer, lo cierto es que la sombra de la corrupción ha planeado sobre el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez desde su nacimiento. Desde que el 20 de febrero llegó la citación para declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la acción política ha ido paralizándose por momentos hasta quedar reducida a esta causa. Su «sacrificio personal», como lo describen en el PP, abre una nueva etapa política, pero lo que resta hasta el final de la legislatura estará marcado por lo sucedido estas semanas. Y sin garantías de que la inestabilidad sea cosa solo del pasado.

«Dimitiré si me imputan»

25 de junio de 2015

El caso Auditorio ya había comenzado a copar titulares en Murcia cuando en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 al PP se le escapó la mayoría absoluta por unos pocos cientos de votos y tan solo un escaño. El socio natural era Ciudadanos, y a los diputados de la formación naranja recurrió Pedro Antonio Sánchez como hizo el PP en ese momento en La Rioja, Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Los de Albert Rivera plantearon una negociación dura en la que obligó a dimitir a cuatro cargos del PP. Y el foco se ponía sobre el candidato a la investidura, todavía no investigado pero sí cuestionado por su responsabilidad como alcalde del municipio de Puerto Lumbreras. Aquel 25 de junio Pedro Antonio Sánchez pronunció una frase para facilitar el acuerdo que le ha perseguido durante todas estas semanas: «Si me imputan por el caso Auditorio, dimitiré».

Citado como investigado

20 de febrero de 2017

Todo 2016 discurrió con el caso entrando y saliendo de los informativos según discurría el proceso judicial. Pero el asunto cobró repercusión nacional el 2 de diciembre, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Aquel día, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que exigirían su dimisión si era citado a declarar como investigado. Un momento que llegó el 20 de febrero. Tan solo un día después Albert Rivera advierte al PP de que si no cumple el pacto «habrá que hacérselo cumplir y, si no, buscar alternativas». Comienza a hablarse de moción de censura. El 2 de marzo Ciudadanos da por roto el pacto: «No nos podemos fiar de un presidente que no tiene palabra». Y le retira su apoyo.

La posición de Ciudadanos

La incompatibilidad de la oposición

En el último mes Pedro Antonio Sánchez ha permanecido en el cargo por la incapacidad de la oposición para fijar un acuerdo mínimo. Por momentos, el entendimiento PSOE, Podemos y Ciudadanos pareció imposible. El PP respiraba «tranquilo». Cs presionaba a Génova con relevar a Sánchez para no tener a su vez que formar parte de un pacto con la izquierda. Pero el 8 de marzo se vio obligado a lanzar un últimátum por el cual el 27 de marzo el presidente debía dar un paso atrás o convocar elecciones.

El incumplimiento de ese plazo aceleró los contactos con el PSOE para apoyar la moción de censura registrada por los socialistas. Con muchas diferencias, el rechazo a Pedro Antonio Sánchez, agravado por la petición del juez Velasco para imputarlo también en la trama Púnica, fue suficiente para trasladar que un pacto, aunque fuera de mínimos para desalojar a Sánchez, estaba decidido.

La decisión de Génova

Objetivo, salvar el Gobierno

La dirección nacional del PP, que siempre antepuso la presunción de inocencia, se marcó un límite: salvar el Gobierno de Murcia. Convencidos en Génova de que Ciudadanos llegaría hasta el final con su órdago de derrocar a Sánchez, el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo, se fue ayer a Murcia para pilotar su renuncia.