El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por la trama del Canal
Será juzgado junto a su hermano, su cuñado, un socio y el que era director gerente de la entidad. Se les atribuyen dos adjudicaciones irregulares con un perjuicio de medio millón de euros
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González , y otras cuatro personas por las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos del Canal de Isabel II.
El auto, dictado ayer, pone fin así a la pieza número dos del caso Lezo y sienta en el banquillo a González por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas. Junto a él, serán juzgados el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel y los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente regional.
Los hechos se remontan a 2003, cuando González presidía el Canal e Ildefonso de Miguel era su director gerente. Dragados ganó un concurso para un proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la cubierta del tercer depósito de la infraestructura pública pero al año siguiente y «con el fin de beneficiar a los familiares» del primero, ambos impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado de aquel concurso. Esta fue la primera irregularidad, de acuerdo al instructor, pues lo que tenían que haber hecho es convocar una licitación nueva.
Como fuera, el cambio supuso que Dragados adjudicaría ese modificado a otra sociedad, Tecnoconcret Protectos de Ingeniería (TCT), cuyos socios eran José Antonio Clemente Martín y el hermano y el cuñado de González- Ellos, conforme relata el instructor, «ostentaban la titularidad a través de personas interpuestas a fin de ocultar sus vínculos familiares» con el que entonces además de presidir el Canal, era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid . El cambio se aprobó en julio de 2006, «merced a la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel» en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Ese mismo mes, la entidad volvió a convocar un concurso, esta vez para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas que habría en ese complejo del tercer depósito, un campo de Golf. La adjudicataria, una UTE integrada, entre otras, por la empresa de la que formaban parte de forma encubierta los dos parientes de Ignacio González. Sólo él e Ildefonso de Miguel, de acuerdo a los investigadores, «conocían el vinculo familiar» y «lo ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado ».
La clave es que TCT no tenía capacidad técnica para desarrollar ninguno de los dos proyectos y en ambos casos, los subcontrató a una empresa por una cuantía notablemente inferior de la que había recibido en el concurso, embolsándose los socios la diferencia. Se considera así que la subcontratación fue «de todo punto innecesaria e irregular» en ambas adjudicaciones y supuso para TCT un beneficio de 381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo.
Medio millón de desfalco
Conforme concluyen los investigadores, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, y a medida que TCT iba recibiendo los pagos de Dragados, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios de la anterior facturación según un plan perfectamente documentado», señala el auto de apertura de juicio oral. El hermano de González se habría llevado 101.348 euros en 20 entregas en efectivo y su cuñado, otros 94.425, también en ‘cash’. En cuanto al socio que no era pariente, le correspondieron 71.199 euros».
«Aunque según sus acuerdos particulares, los tres acusados participaban a partes iguales en el capital de la sociedad, en la distribución de esos beneficios no se respetaron esos porcentajes, seguramente al primar en los dos primeros la relación familiar que les unía con el acusado Ignacio González» expone.
Para el magistrado, «la actuación conjunta de los acusados ha permitido que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones ».
Anticorrupción pide seis años de prisión para cada uno de los acusados por dos delitos de cohecho, pero acusaciones populares como la que ejerce el PSOE elevan la petición de pena a 10 años para González.
