Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Ignacio González por los amaños en el campo de Golf del Canal
Le acusa, como a su hermano, su cuñado y un socio de ambos, de dos delitos de cohecho y solicita multas de más de medio millón de euros
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión por dos delitos de cohecho para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y el socio de estos dos José Antonio Clemente, así como al que fue su mano derecha Ildefonso de Miguel por los presuntos amaños en contratos para el campo de Golf construido en terrenos del Canal de Isabel II.
Las pesquisas se siguieron en una pieza separada del caso Lezo para la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictó auto de procesamiento el pasado mes de mayo por una «actuación conjunta» entre los cinco acusados para la subcontratación «impuesta, innecesaria e irregular» de la empresa TCT en dos concursos públicos para ejecutar obras en esas instalaciones.
La empresa, de la que eran socios Pablo González, Juan José Caballero y José Antonio Clemente, no tenía capacidad para ejecutar los trabajos que se le adjudicaron cuando Ignacio González era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y responsable del Canal e Ildefonso de Miguel, su director gerente.
Según Anticorrupción, a resultas de la maniobra, en la que se ocultó la relación de parentesco que unía a González con TCT, la empresa obtuvo un beneficio cercano a los 505.000 euros financiado con fondos públicos que se habían destinado a ambos concursos en el año 2006.
Lo que habría hecho sería subcontratar con terceros los trabajos por debajo del presupuesto que ellos habían obtenido y todo, a partir de un modificado del concurso inicial que no debió producirse, pues « atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación».
Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de dos delitos de cohecho, por los que insta en total seis años de prisión, así como una multa que en suma asciende a 550.000 euros para cada uno de los acusados junto a su inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por periodo de ocho años.
